Es lamentable lo que parece estar pasando con la reforma de pensiones. Si no ve la luz, los jubilados de hoy y de los próximos años, que contribuyeron un buen número de años al sistema, tendrán que seguir esperando.

No sería la primera vez que pasa. Pero, quizás, será la más amarga, por lo urgente que es reformar el sistema de pensiones y por lo cercano que están las posiciones de algunos actores clave.

En la reforma de 2008, la derecha y las AFP cerraron filas contra la posibilidad de una AFP estatal vía BancoEstado. Posiblemente, la legitimidad del sistema habría sido distinta con ese cambio, pero ya es tarde para eso.

Tampoco llegó a puerto la reforma de 2017. Luego de meses de consultas y deliberación, no encontró suficientes votos. Una vez más, la derecha se opuso a reformar, pero esta vez los acompañó el Frente Amplio, además de un par de parlamentarios de la Nueva Mayoría. Vaya paradoja: la propuesta actual del Gobierno tiene más elementos de reparto que la propuesta que rechazó su sector aquel año.

No se puede negar que el Gobierno se ha abierto a considerar asuntos que hasta hace un año parecían indiscutibles. Su propuesta actual incluye que una parte de las contribuciones no vaya a cuentas individuales y que los nuevos aportes se manejen íntegramente en un sistema distinto de las AFP.

Parte importante de la oposición, con la asesoría de un grupo técnico experimentado, ha construido una propuesta alternativa. Se basa en cuentas nocionales (que es la base del sistema sueco) y mínimos garantizados en la medida que se cotice un cierto número de años, con una estructura institucional robusta que la defienda de eventuales tentaciones.

Este diseño mantiene atributos fundamentales, como la sostenibilidad financiera, más ahorro y fuertes incentivos a participar. Tiene, además, un tratamiento más justo para las mujeres. Pasado por el tamiz del modelo de proyecciones que mantiene la Dirección de Presupuestos —el más sofisticado que hay en Chile para estos temas—, los resultados fueron positivos.

Por otro lado, respeta el único pacto político viable: mantiene el 10% de cotización en el sistema de cuentas individuales y lleva el 6% adicional a un sistema distinto (que, por razones técnicas, estaría segregado).

No nos engañemos: separar el 10% y el 6%, y diseñar algún mecanismo de transferencias con el último, es el único pacto posible.

Hay un grupo que querría tomarse el Palacio de Invierno de las pensiones y terminar tanto con las AFP como con las cuentas individuales. El Estado tomaría el control del flujo del 10% y también del stock ahorrado y, a cambio, entregarían promesas de pensiones. Esto ha sucedido en algunos países, aunque con sistemas mucho más pequeños e inmaduros y, la mayoría de las veces, empujados por problemas fiscales. Las consecuencias macroeconómicas, obviamente, serían muy negativas.

Más importante sería un estatización, como la reforma agraria (incluidos sus bonos de dudoso valor), pero los afectados no serían los dueños de 5.500 fundos, sino que varios millones de cotizantes de clase media.

En la esquina contraria hay un grupo con una fijación ideológica atávica. Creen que sería una aberración tener un sistema que se aparte de (i) las cuentas de ahorro individual obligatorio administradas por las AFP y (ii) un Pilar Solidario financiado con impuestos generales. Si fuera un error tan garrafal, es difícil explicar que casi todos los países desarrollados lo hayan cometido.

Es instructivo preguntarle a los cuidadores del Mercedes-Benz qué harían para enfrentar las bajas pensiones de los jubilados de clase media hoy y en el futuro cercano. Lamentablemente, no ofrecen más remedios que aumentar la edad de jubilación o poner plata fiscal, que no tenemos.

Más allá de la compleja situación presupuestaria, echar mano a los recursos fiscales es una solución insuficiente, que se desvanece en el aire. Hagamos el supuesto de que se consiguen los votos para subir el IVA, algo de suyo difícil, dado que este impuesto ya recauda una porción anormalmente alta del total. Pero luego, ¿será posible usar esos recursos en personas que contribuyeron y, por lo tanto, no tienen las pensiones más bajas?

Evidentemente no. Se fortalecerá aún más el Pilar Solidario, quizás ampliando su focalización más allá del 60%. Esto ayuda, pero casi nada a la clase media que contribuyó durante un número importante de años.

Se ha propuesto como alternativa aumentar el IVA para alimentar las cuentas individuales en vez de los fondos generales. Puede ser interesante cuando la tecnología lo permita, pero es un peligroso precedente de afectación y no soluciona ninguna urgencia. Huele a tirar la pelota al córner.

Desanima la incapacidad que se ve para alcanzar acuerdos, incluso cuando la urgencia lo exige. Una razón más para pensar que una Convención Constituyente es una avenida más prometedora que una Convención Mixta.