Un 19 de septiembre de 1891 el presidente José Manuel Balmaceda puso fin a su vida. Tras la derrota en la Guerra Civil, se asiló en la Legación argentina. Su familia, amigos y colaboradores fueron perseguidos por enemigos políticos para atormentarlo. Debía proteger la honra y bienes familiares, evitar que continuasen los asedios y las humillaciones. Terminaba su período presidencial; así es que con el traje oficial y terciada la banda presidencial —símbolo de la autoridad defendida—, se disparó en la sien derecha.

Era el acto final de un proceso político iniciado hacia 1870-74, cuando el Congreso reformó la Constitución de 1833, demoliendo el articulado que validaba las facultades presidenciales, porque la clase dirigente propiciaba un régimen parlamentario y el presidencialismo autoritario era su impedimento. Los presidentes siguientes recurrieron sin ambages a la intervención electoral para lograr Congresos leales, disciplinados, que fuesen un apoyo al gobierno. Así pensó Balmaceda, porque la autoridad presidencial tenía el deber de gobernar en miras del bien general de la República. Pero los opositores ya radicalizados demandaron “libertad electoral”, que no significaba otra cosa que libertad parlamentaria para intervenir electoralmente.

Esto representó la muerte de Balmaceda y la responsabilidad gubernamental quedó en manos de Congresos indisciplinados, cuyos círculos políticos solo actuaron con el afán de satisfacer intereses particulares, sin ningún contrapeso que pudiera ejercer el Poder Ejecutivo. Fueron décadas de parlamentarismo extremo, las que pudieron concluir gracias a la promulgación de la Constitución de 1925. Obra reflexionada detenidamente por Arturo Alessandri y el grueso del proyecto redactado por José Maza, modificó todos los instrumentos constitucionales que potenciaban a la clase dirigente oligarquizada. Estableció un régimen presidencial, quedando el Congreso circunscrito a una labor legislativa y de fiscalización normada del Ejecutivo.

Curiosamente, adolecía de un vacío constitucional, al no incluir ninguna regulación que afectase a los partidos políticos en materias tales como formas de financiamiento, disciplina, extensión de su poder y otros aspectos. Incluso, nadie lo observó en su momento y no tuvo relevancia al comienzo, pero, tras algo más de una década, se traduciría en conductas partidarias abusivas que complicaron a los distintos presidentes, al ejercer prácticas que los maniataban o procuraban intervenir en la gestión ejecutiva, debilitando el funcionamiento democrático. Los mandatarios Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Frei M. se vieron perjudicados y fueron críticos; hasta tramaron sin resultado reformas constitucionales.

Hay períodos en la historia de Chile, al menos tras cierto tiempo de vigencia de una Constitución, donde los partidos políticos han demostrado aspiraciones al cogobierno, cuando no al gobierno. Cabe preguntar: Ante un proceso constituyente como el que se avecina, ¿cómo se resguardarán los equilibrios políticos que deben existir entre los poderes Ejecutivo y Legislativo?