Pareciera que una doble inseguridad —la sanitaria y la del contenido constitucional— se cierne sobre el primer hito del calendario de votaciones de los próximos 15 meses, el plebiscito del 25 de octubre.

¿Son obvias esas dos inseguridades?

La primera, la sanitaria, sí.

Hoy, al comenzar la campaña, las condiciones de salud son peores que el 26 de abril en algunos de los parámetros más importantes (ese día, en todo Chile, eran 473 los nuevos casos y 8 los nuevos fallecidos).

Números, simples números, aquellos de los que tanto caudal se ha hecho contra el Gobierno. Números que mejoran un poco por acá y que empeoran un poco —o un mucho— por allá. Inseguridad de la realización del plebiscito, por lo tanto, pero una inseguridad acompañada de la certeza de que la oposición utilizará todos sus medios para forzar la realización de la votación. Segura de su triunfo con el Apruebo, no tendrá problema alguno en cargarle al Gobierno la ola de contagios que presumiblemente nos inundará. “Tenía que crear condiciones de seguridad y no lo hizo”, dirán. Se asoma la certeza de que buscan dos victorias en una.

La segunda inseguridad, la del contenido constitucional, no es tal.

Quienes se asustan por la hoja en blanco debieran más bien preocuparse por las hojas ya escritas, porque ahí están las certezas de lo que le espera a Chile.

Si el Presidente Piñera y el alcalde Lavín, en sus recientes entrevistas, expresan que el proceso terminará con una Constitución muy distinta a la actual, ¿podemos suponer que su deseo de cambio (Piñera) y su explícito voto por el Apruebo (Lavín) los suman a las certezas que las izquierdas ya han formulado?

¿Cuáles son?

El reemplazo del Estado subsidiario por el “Régimen de lo público” (eufemismo utilizado para no hablar abiertamente de Estado socialista); el reemplazo de las concepciones sobre persona, familia y cuerpos intermedios contenidas en el actual artículo 1º; el reemplazo del carácter unitario del Estado de Chile.

La ampliación del artículo 19 sobre derechos y deberes constitucionales hasta una extensión de total inutilidad, con la excepción, obviamente, del debilitamiento efectivo del derecho a la vida, de la libertad de cultos, de la libertad de enseñanza, de los derechos de los padres respecto de sus hijos, del derecho a fundar y mantener medios de comunicación y, en fin, del derecho de propiedad.

El reemplazo del régimen presidencial por un parlamentarismo partidista ya expresado en la actuación del Congreso 2020.

El reemplazo del actual Tribunal Constitucional, la eliminación de la autonomía del Banco Central y el reemplazo del actual estatuto constitucional de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. El reemplazo de las normas sobre reforma constitucional.

Reemplazo, reemplazo, reemplazo. ¿Para qué se querría la página en blanco si no es para imprimir en ella lo que ya está escrito, tanto dentro de Chile como en los textos extranjeros que iluminan a los iluminados?

En estas materias, las izquierdas no engañan. Hablan clarito, desde sus gurús hasta sus florcitas; escriben libros, dan entrevistas o cantan canciones desafinadas, todos diciendo casi lo mismo. En esto, no mienten; en esto no hay inseguridad.

El Presidente tiene derecho a guardar silencio sobre su opción, pero los ciudadanos tenemos también todo el derecho a preguntarle: ¿qué certezas tiene Sebastián Piñera sobre lo que debe contener un eventual nuevo texto?

El alcalde presidenciable tiene el fuero para contradecir a su partido y votar Apruebo, pero sus electores —al menos ellos— ¿no querrían saber qué contenidos imagina Lavín para la nueva Constitución?

Estas son inseguridades que sí conviene despejar.