El shock del covid-19 ha impactado con fuerza a la economía mundial y, en particular, a América Latina. Sus efectos en nuestra región surgen de una pronunciada caída que experimentó el PIB de China y de los países avanzados en el primer semestre de este año y, por su intermedio, menores precios y volúmenes de las exportaciones regionales, un deterioro de las expectativas de consumidores y empresarios y una mayor incertidumbre. A lo anterior, se le agrega el efecto directo del aumento de los contagios al interior de la región, las restricciones a la movilidad a que ha dado lugar y la reducida capacidad de la mayoría de estos países de poder utilizar políticas fiscales y monetarias para mitigar sus efectos en hogares y en el aparato productivo.

La buena noticia es que transcurridos ya algo más de siete meses desde la aparición del virus en China comienzan a manifestarse señales positivas sobre el desarrollo y perspectivas de la pandemia, los avances en vacunas, la convivencia con el virus y el comienzo de la recuperación de la economía global.

En cuanto a la pandemia, esta se mantiene relativamente contenida en China, el Este de Asia y Oceanía, pero preocupa el aumento de los contagios en Estados Unidos, en el mundo emergente (A. Latina, Medio Oriente, India y Sudáfrica en particular) y, en menor medida en Francia, España y Alemania. En el desarrollo de vacunas, se avanza con fuerza, con cinco proyectos en su tercera y última etapa de pruebas para establecer su efectividad. Con todo, lo más probable es que no tengamos una vacuna efectiva de uso masivo hasta avanzado el próximo año. En estas circunstancias, los países se han estado adaptando para convivir con el virus. Esta etapa requiere de una combinación de seguimiento de prácticas sanitarias (higiene, mascarillas y distanciamiento social) y una alta y eficiente capacidad de testeos, trazabilidad y aislamiento de los contagiados.

En la parte económica, con las agresivas medidas fiscales y monetarias de mitigación y el aumento de la movilidad, la recuperación inicial de China, Europa y Estados Unidos ha sido más rápida de lo esperado, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, esta crisis va a dejar muchas secuelas con efectos en el crecimiento de los próximos trimestres y también las perspectivas de mediano y largo plazo. Entre estas, un alto y persistente desempleo que destruye el capital humano específico asociado a los actuales empleos, un menor crecimiento del stock de capital por la quiebra de empresas y la baja inversión de las empresas sobrevivientes, y una menor acumulación de capital humano por los efectos de la crisis en la educación formal y en la capacitación laboral. A lo anterior se le agrega el deterioro del orden global y el aumento del nacionalismo y proteccionismo que afectará el dinamismo del comercio global.

En el caso de América Latina, la pandemia la encontró con grandes debilidades macroeconómicas, estructurales e institucionales. Entre las debilidades macroeconómicas, en los principales países de la región (Brasil, México y Argentina) existe un reducido espacio para el uso de políticas fiscales y monetarias de mitigación, por una combinación de altos déficits fiscales y alta deuda pública a producto en Brasil y Argentina, alta inflación, presiones cambiarias y una moratoria de servicio de deuda externa que solo recientemente se renegoció en Argentina, e inflación sobre la meta y presión sobre la moneda en México.

Entre las debilidades estructurales, con la excepción de Chile, Perú y México, las economías de la región son economías muy poco abiertas al comercio exterior. Además, la mayoría tiene sectores públicos ineficientes y sobredimensionados, un bajo nivel de capital humano y una alta informalidad laboral. En la parte institucional, tienen grandes debilidades en los sistemas de justicia, en la seguridad ciudadana, en el mantenimiento del orden público y en el cumplimiento de los contratos.

Con este shock, la región experimentará este año su mayor caída de producto en un siglo y sufrirá una gran pérdida de empleo, y un importante retroceso en la reducción de la pobreza. Además, la crisis va a dejar una pesada herencia: balances del fisco, empresas y hogares debilitados; una pérdida de capital humano específico y general; una baja inversión y un menor crecimiento potencial. En paralelo, la crisis acelerará la automatización de actividades intensivas en trabajo y con alto contacto personal.

Chile es el país de América Latina que más progresó en los últimos treinta años en institucionalidad y políticas macro-financieras, integración al mundo, protección de la competencia, desarrollo de la infraestructura, crecimiento económico, reducción de la pobreza, aumento de las expectativas de vida, reducción de la mortalidad infantil, acceso a agua potable y alcantarillado y acceso a la vivienda. En el último año, Chile ha sufrido un doble shock. De un lado, el estallido social del 18 de octubre pasado y el aumento de la violencia que le siguió y, de otra parte, el shock del covid-19. Gracias a su sólida institucionalidad monetaria y fiscal, Chile ha podido implementar programas monetarios, crediticios y fiscales muy agresivos y razonables para hacerse cargo de las demandas sociales (mejoras en la previsión, la salud y los apoyos a la clase media),y también para mitigar los efectos del shock del coronavirus en el empleo, los hogares y el tejido productivo. Sin embargo, la ejecución de los programas fiscales se ha topado muchas veces con los tradicionales problemas operativos del aparato público.

Ahora que disminuyen los nuevos contagios y aumenta paulatinamente la movilidad, la actividad comienza a recuperarse. La recuperación está recibiendo un impulso adicional del retiro del 10% de los fondos de pensiones y de los subsidios y créditos a la clase media. Sin embargo, recuperar los niveles de PIB precrisis va a ser un proceso lento.

Por una parte, la inversión seguirá afectada por la incertidumbre (pandemia, ventas futuras, crisis política y posible regreso de la violencia), una mayor deuda de las empresas y menores flujos de caja. Por otra parte, la recuperación del mercado laboral va a ser muy lenta, afectada por las quiebras de empresas, los efectos de la pandemia en servicios intensivos en trabajo, la expansión del comercio en línea y la incertidumbre sanitaria y política.

La herencia de la crisis en el mercado laboral es particularmente pesada. Según la encuesta del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la U. Católica de julio, en el último año se perdieron 2,3 millones de empleos y 2,2 millones de personas salieron del mercado laboral. Además, 600.000 trabajadores están en el programa de protección del empleo. En la encuesta, este grupo se considera como ocupado, pero algunos de estos no van a poder recuperar sus empleos originales y pasarán al desempleo o saldrán de la fuerza de trabajo.

Para apoyar la recuperación de la actividad y del empleo, además de facilitar el cumplimiento de protocolos para proteger la salud de las personas, es urgente agilizar medidas pro-empleo (subsidios a la contratación, capacitación, flexibilización laboral, información sobre ofertas de trabajo, obras públicas intensivas en trabajo) y avanzar en la simplificación y agilización de los procesos de aprobación y ejecución de proyectos públicos y privados, especialmente en áreas que contribuyan a crear puestos de trabajo e impulsar el crecimiento. Un amplio catálogo de medidas de este tipo está incluido en el acuerdo del 14 de junio pasado. La implementación de estas medidas es urgente no solo para aliviar la situación de corto plazo, sino que también para evitar el daño de las perspectivas laborales de las personas a largo plazo.