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Cartas
Viernes 14 de agosto de 2020
Derechos sociales
Señor Director:
A propósito de la carta de Agustín Squella, si bien el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) ha sido ratificado por 169 de los 197 países miembros de la ONU, no existe una pretendida unanimidad a nivel nacional sobre esos derechos.
El premio Nobel Amartya Sen distingue críticas relativas a la institucionalización de estos derechos —relativas a la correspondencia exacta entre auténticos derechos y deberes correlativos formulados en forma precisa—, y críticas sobre su viabilidad, tocantes a su realización bajo la presunción de que todo derecho humano debe necesariamente realizarse en forma total.
En correlato a la primera crítica, Irlanda y Suiza tratan estas cuestiones como objetivos de política pública a ser desarrollados por el Legislativo y Ejecutivo, mientras que Colombia y Sudáfrica les otorgan el tratamiento de derechos fundamentales judicialmente exigibles. La Constitución española combina ambas técnicas normativas. En cierta medida el correlato de la segunda crítica se encuentra en el Pidesc. Conforme al criterio de progresividad en el desarrollo y protección de estos derechos, cada Estado debe definir los medios que estime apropiados acorde a sus recursos económicos.
La sola apelación a instrumentos internacionales vinculantes no resulta suficiente para dar por zanjado este debate.
Pablo Fuenzalida
Investigador Centro de Estudios Públicos