El llamado Acuerdo Covid estableció un marco fiscal para los presupuestos 2021 y 2022, y un fondo adicional por 12 mil millones de dólares para abordar las caídas de ingresos de las familias y los apoyos en la recuperación económica; este se financiará con fondos soberanos y deuda. Se entendía de aquello que no habría en el corto plazo grandes espacios para alzas tributarias. Sin embargo, una moción de diputados de oposición propone —por medio de una dudosa reforma constitucional— un impuesto de 2,5 por ciento a los patrimonios superiores a los 22 millones de dólares. Se ha sostenido que la recaudación podría alcanzar a más de seis mil millones de dólares, es decir, al menos 2 puntos porcentuales del PIB.

Es, sin embargo, una promesa sin mayor sustento. No hay ninguna experiencia que se conozca donde un impuesto de estas características haya alcanzado una recaudación similar; de hecho, se han ido abandonando en el mundo porque aportan poco y cuesta mucho recaudarlos. En las últimas primarias demócratas, en Estados Unidos, la precandidata Elizabeth Warren propuso un tributo similar (partía en 2 por ciento y terminaba en tres por ciento), que se comenzaría a aplicar a partir de los 50 millones de dólares y que según sus asesores recaudaría el uno por ciento del PIB como techo. Varios contradictores estimaron que esto era una sobreestimación, objeciones que la propuesta no logró sortear.

En este sentido, hay algo de engañoso cuando —como en el proyecto de los diputados— se levantan expectativas virtualmente imposibles de cumplir. Revela aquello un objetivo más bien político tras esta iniciativa, en la idea de volver a imponer categorías simplistas en el debate público, dividiendo a los congresistas y a las autoridades entre supuestos partidarios de los ricos y de los pobres. Resultado de ello es un proyecto que, en su desprolijidad, establece que el gravamen se tendrá que enterar en el plazo de 30 días, obviando las complejidades involucradas en calcular los patrimonios y, en muchos casos, en reunir los montos para proceder al pago.

El recurso a estrategias de este tipo no es infrecuente en política, pero en las circunstancias actuales se esperaría una deliberación más seria respecto de los espacios reales para un eventual aumento de la carga tributaria. Si se compara a Chile con otros países, la recaudación para seguridad social es baja y eso se está revirtiendo con los acuerdos para subir las cotizaciones previsionales. La otra dimensión donde la carga es también comparativamente menor es en la recaudación proveniente de los ingresos de las personas. Sin embargo, no parece políticamente atractivo abordar esta dimensión. En cambio, se prefiere optar por iniciativas de débil sustento, prometiendo resultados que la evidencia desmiente y generando nuevas dificultades para la reactivación económica.