Entregar el monopolio de la fuerza al Estado para que lo ejerza en función de preservar el orden y el respeto a las leyes es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Ello supone que las personas renuncian a la violencia para resolver sus disputas y las someten a la deliberación democrática, cuando involucran las cuestiones públicas, y al sistema de justicia, cuando se trata de conflictos entre privados. En definitiva, entregar el monopolio de la fuerza al Estado implica excluir la coacción forzada en la interacción entre civiles.

En nuestro país ese arreglo ha sufrido en los últimos años un paulatino deterioro. Si ello fue evidente en fenómenos como la violencia en La Araucanía, también, en los hechos, se fue permitiendo que pequeños grupos de estudiantes radicalizados pudieran impunemente realizar tomas violentas en sus colegios o que las barras del fútbol fueran infiltradas por grupos violentistas en los estadios; es sintomático que luego unos y otros trasladaran ese actuar a las calles y tuvieran un papel protagónico en los actos de vandalismo iniciados el año pasado. Por otro lado, el que parte de la población se manifestara masivamente el 25 de octubre pasado, y que ello hubiese ocurrido una semana después del ataque al Metro de Santiago y a los saqueos y destrucción de locales, tendió a confundir ambos fenómenos, otorgando un equívoco pasaporte de legitimidad a esa violencia: sectores relevantes de la clase política y líderes de opinión de todo tipo evitaron condenarla con claridad.

Pero a tal ambigüedad en la condena se ha sumado también una ambigüedad en las definiciones. Así, algunos sectores han llegado a equiparar los actos de destrucción con la “violencia” que, según ellos, conllevaría el funcionamiento del sistema político y económico, y hasta la expresión de opiniones disímiles de las suyas. Así —a propósito de los incidentes que antecedieron la votación del retiro de fondos previsionales en la Cámara— un diputado llegó a decir que había “mayor” violencia en una carta de dirigentes gremiales advirtiendo las consecuencias de esa iniciativa que en los saqueos o el ataque a una comisaría ocurridos esa vez. Esto, mientras se han venido multiplicando los casos de amenazas a parlamentarios por el modo en que votan determinados proyectos, al punto de inhibirlos —como han reconocido algunos— de realizar actividades propias de la vida normal.

Si la libre expresión de ideas es considerada por quienes no las comparten como una forma de violencia, entonces la vida democrática comienza a desvanecerse. El país no puede dirigirse en esa dirección. La clase política en su conjunto debe abandonar la ambigüedad en esta materia para recuperar la fortaleza de nuestra democracia. La confianza en el futuro depende de ello.