Una cuenta pública que se salta —literalmente— las disculpas o la autocrítica, una crisis interna en la coalición de Gobierno y un Presidente sin liderazgo que insiste en una agenda económica que solo garantiza que las causas del estallido de octubre continúen intactas. Hacer las cosas igual y pretender obtener un resultado distinto, ese parece ser el lema de gobierno.

Con dos terremotos políticos y sanitarios a cuestas, los problemas de La Moneda no son solo fruto de las circunstancias externas que le tocó enfrentar. Si bien la crisis de octubre proviene de la acumulación de malestar por los 30 años de promesas económicas incumplidas y de un modelo democrático atrapado en la Constitución de Guzmán, nadie podría decir que la provocación de enfrentar un problema de desigualdad gobernados por el quinto billonario más grande del país, ministros que nos mandaron a hacer bingos, levantarnos más temprano o hacer vida social al consultorio, no tuvo algo que ver. Me detengo en esto porque son los mismos ingredientes del Gobierno para enfrentar la ahora pandemia: desconocimiento del Chile mayoritario, soberbia y sobreideologización.

La frase “pan para hoy y seguridad social para mañana” no es una frase cosmética: la garantía de acceso a derechos sociales es un imperativo ético que no puede continuar relegado a la incapacidad del mercado. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia se enfrentaba con un sistema de salud público fortalecido mediante un seguro único de salud? ¿Si las pensiones no hubiesen dependido de la volatilidad de los mercados? ¿Si la deuda no hubiese sido el camino al sueño de progreso de las familias de clase media? Lo que el pueblo denunció en octubre queda en evidencia hoy y más allá de distribuir culpas hacia atrás entre Chile Vamos y la ex-Concertación, la pregunta es hacia dónde el Gobierno propone avanzar.

Tras la cuenta pública y las recientes medidas anunciadas, sigue sin estar garantizado el pan en los hogares en Chile. Iniciativas como el posnatal de emergencia, la prohibición del corte de servicios básicos, el retiro del 10% o incluso el IFE han sido arrebatadas de la débil gestión del Ejecutivo, que continúa defendiendo la focalización, poniendo por delante una interpretación formalista de la Constitución y rasgando vestiduras sobre la defensa de la institucionalidad, como si eso significara algo para quien no llega a fin de mes. En la cuenta pública, ninguna medida que se escape a lo ya acordado con parte de la oposición, una reafirmación irrelevante de un rumbo que ha fracasado estrepitosamente.

Con dichos elementos sobre la mesa, ¿al servicio de quién y bajo qué principios se reactiva la economía? Una reactivación sin justicia ambiental, laboral y tributaria ignora la voluntad popular expresada el 18 de octubre, la necesidad de redistribuir la riqueza, crear empleos con salarios que permitan cubrir necesidades básicas o hacer frente a la crisis ambiental que nuestro país y el mundo atraviesan. Un Estado de bienestar 3.0, moderno, emprendedor, que provea, acompañe y proteja a las y los chilenos, está lejos de la mirada estrecha del Gobierno, quedando aún abierta la pregunta: ¿con qué se pone el 1% más rico en esta crisis?

Habilitada la vía democrática para la elaboración de un pacto social en el proceso constituyente, el gabinete y el Gobierno del rechazo no pueden pretender imponer en el intertanto su visión minoritaria mediante una gestión autoritaria de su administración. Esa mirada solo acentuará la brecha entre las grandes mayorías y las élites gobernantes, que ignoran sus necesidades. Ante una crisis económica, social y política, la solución es más apertura, derechos y democracia.

Catalina Pérez
Diputada y Presidenta de Revolución Democrática