En estos días se está negociando y dialogando, entre el Gobierno y parte importante de la oposición, el pacto para enfrentar unidos la pandemia sanitaria, económica y social en los próximos meses. Como se sabe, se determinó que son los parlamentarios miembros de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras los que representan a los partidos políticos en el diálogo con el Gobierno, que es urgente definir pensando en los millones de chilenos que la están pasando muy mal.

Hasta ahora, Gobierno y Parlamento han legislado sobre diversos mecanismos de ayuda a la población, como, por ejemplo, el bono Covid, que involucró a 2.700.000 chilenos, vía subsidio familiar y que alcanzó a $50.000 por carga. Asimismo, se legisló sobre el Ingreso Familiar de Emergencia para el 60% más vulnerable y que implica una transferencia monetaria de $65.000 por persona o bien $260.000 por núcleo familiar de 4 personas.

Lo anterior orientado a los trabajadores “informales”, que alcanzarían a 2.600.000 personas. Asimismo, se está legislando para apoyar a los trabajadores que emiten boletas a honorarios una propuesta muy compleja hasta ahora y que divide a estos en dos grupos: aquellos que superan los $500.000 mensuales en emisión de boletas recibirían un crédito por $650.000 mensuales por cuatro meses, pagaderos hasta en cuatro años por la vía de la retención adicional de un 2% de la boleta emitida hasta pagar dicho crédito; el segundo grupo, que son aquellos que emiten boletas inferiores a $500.000 mensuales, fue dividido en tres subgrupos de acuerdo a su promedio de ingresos por boleta de honorarios y el subsidio estatal para apoyar a este grupo tiene un tope de $75.000 mensuales. Habría que agregar el Fogape, pero esa será materia de otra columna y me quiero concentrar en esta pensando en el apoyo a los millones de trabajadores de distinta naturaleza.

Asimismo, 4.7000.000 trabajadores están siendo cubiertos por el subsidio de cesantía, creado por el (ex) Presidente Lagos el año 2002 y que hasta ahora por una parte cubre a los 900.000 chilenos cesantes y a los 600.000 chilenos que se acogieron con sus empresas a la suspensión temporal del empleo. No obstante, este enorme grupo de chilenos cubiertos por dicho seguro se están enfrentando o enfrentarán el problema que dicho subsidio va decreciendo al transcurrir los meses, pasando del primer mes, que cubre el 70% de la remuneración antes obtenida, al sexto mes, en que solo cubre el 30%.

Frente al cuadro descrito existen diversas propuestas que se están negociando desde los partidos políticos, las universidades, el Colegio Médico y también el Foro de Economistas para el Desarrollo Justo y Sustentable. Este último grupo —conformado por destacados economistas de izquierda y centroizquierda como Ana María Correa, María José Becerra, Roberto Zahler, Ricardo Ffrench-Davis, Álvaro Díaz, Álvaro García, Fernando Carmona, Carlos Ominami, Luis Eduardo Escobar, Andrés Palma, Osvaldo Rosales y Eugenio Rivera— ha hecho una propuesta que interpreta plenamente a diversos partidos con representación parlamentaria y que concursa en la negociación con la propuesta más conservadora del exministro de Hacienda Felipe Larraín y la del Colegio Médico, entre otras.

En lo sustantivo y en mi opinión, esta es la más potente, porque considera un marco financiero de US$ 15.000 millones, tiene una cobertura del 90% de la población, es por los próximos cuatro meses y que, en sus contenidos esenciales, implica para los trabajadores informales y los que emiten boletas a honorarios la transferencia de $123.000 por persona o bien $370.000 para una familia de tres personas, que es el promedio familiar en Chile, durante cuatro meses.

Asimismo, esta propuesta protege a los trabajadores con subsidio de cesantía, al establecer un piso del 70% del salario también durante cuatro meses. Entre otras medidas adicionales, propone respecto de las pymes un esfuerzo adicional para entregarles créditos vía Fogape, así como que el Gobierno les transfiera US$ 300 millones a los municipios, vía Fondo Común Municipal, para que estos refuercen la ayuda que están desplegando a nivel del territorio.

De todas las propuestas sobre la mesa, parece ser la señalada al momento de crisis que estamos viviendo y que cubre materialmente al 90% de los chilenos.