Propuestas planteadas desde distintas instancias han surgido en los últimos días solicitando un aumento significativo en el gasto fiscal, con el objeto de hacer frente tanto a la actual crisis sanitaria, con sus graves efectos en el ámbito económico y social, como al período de la llamada pospandemia. En esa línea, un grupo de economistas convocados por la presidenta del Colegio Médico formuló una propuesta que apunta a utilizar los dineros acumulados en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) como marco de referencia para definir lo que se podría gastar por los próximos dieciocho meses, adicional a lo ya anunciado y prometido por el Gobierno. A su vez, académicos de las universidades Católica y de Chile plantearon la posibilidad de que el fisco se endeude mediante la emisión de bonos soberanos por 15 mil millones de dólares, para así contar con un “colchón” de divisas, también con el objeto de financiar nuevas medidas de mitigación.

Ambas propuestas pueden ser analizadas al menos desde dos perspectivas: por una parte, respecto del espacio fiscal con que cuenta el país, considerando la situación macroeconómica y los compromisos ya adquiridos en esta materia; por otra, respecto de la conveniencia o no de comprometerse en este momento a gastar recursos tan cuantiosos, sin que exista claridad sobre la evolución futura de la pandemia en Chile.

Considerando ambos criterios, cabe advertir, desde luego, que ninguna de las propuestas presenta una justificación acabada de los montos sugeridos, ni tampoco se profundiza en su impacto fiscal de mediano plazo. En las circunstancias actuales, en efecto, el déficit fiscal de 2020 probablemente superará el 10% y es casi imposible que se pueda revertir de modo significativo durante 2021, considerando que la caída en la actividad económica no será de fácil recuperación. De hecho, los programas propuestos harían aumentar los actuales déficits de manera sustancial, acelerando la convergencia de la deuda pública bruta por sobre el 40% del PIB en pocos años.

Sostener que sí existe espacio fiscal para una propuesta así supone que a partir de 2022 se producirá una significativa reversión del déficit, con lo que se evitaría una escalada de la deuda pública. De este modo, estas iniciativas parecen asumir implícitamente que ese ajuste se podría materializar en 2022, ya sea vía una fuerte caída en el gasto o a través de aumentos significativos en los impuestos. Una y otra fórmulas pueden parecer fáciles de enunciar, pero su concreción no resultaría en ningún caso sencilla. La evidencia muestra repetidamente que los aumentos en el gasto suelen tener una importante inercia; la posibilidad, a su vez, de discutir a partir de 2022 incrementos tributarios sustantivos puede transformarse en la peor forma de trabar la indispensable recuperación de la economía pospandemia.

En un contexto de altísima incertidumbre, como es el que hoy enfrenta el país, probablemente la mejor estrategia sea la de una evaluación permanente de los avances de la enfermedad y sus efectos económicos, y con ello ir calibrando el esfuerzo fiscal necesario. Por cierto, el Gobierno debe ser más explícito en su compromiso de acompañar a las familias mientras la situación lo demande, y de ese modo llevar tranquilidad a los hogares, comprensiblemente angustiados ante la magnitud de la crisis. La convocatoria del Presidente de la República a buscar acuerdos con los distintos sectores de la sociedad parece apuntar precisamente en esa dirección. Para lograr tal objetivo resulta clave, sin embargo, una estrategia que se caracterice por la flexibilidad, de modo tal de graduar el esfuerzo fiscal según la evolución de la crisis. Comprometerse anticipadamente con un programa de gastos que elevaría sustancialmente el déficit público hacia fines de 2021 no necesariamente parece el mejor camino.