En todo el mundo, los créditos con subsidio fiscal, ya sea a través de garantías estatales, fijación de tasas, intervención monetaria o una combinación, están siendo utilizados para aliviar económicamente a las empresas frente a la crisis desencadenada por el coronavirus. En los Estados Unidos, el 40% del paquete de apoyo aprobado por el Congreso en marzo fue dirigido a créditos para empresas. El Reino Unido ha continuado extendiendo los 330 mil millones de libras destinados a este fin, tendencia observada en toda Europa.

Chile ha realizado esfuerzos similares.

Dificultades y desafíos del canal bancario

En términos agregados, las acciones del Estado de Chile por apoyar los canales de crédito han alcanzado los US$ 24 mil millones. Han incluido la capitalización del BancoEstado (US$ 500 millones), la intervención del Banco Central entregando liquidez y nuevos canales de crédito, y los cambios normativos dictados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para dar flexibilidad.

Adicionalmente, haciendo uso de los canales de distribución ya existentes, la administración del Presidente Piñera decidió tempranamente modificar la estructura de los préstamos con aval del Estado organizados bajo el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Esta garantía implica que un porcentaje del financiamiento que las instituciones otorgan a empresas es garantizado por el Estado, haciendo más atractiva su entrega.

Así, en abril, el Ejecutivo anunció un plan de garantías estatales por 3 mil millones de dólares para distribuirse a través del Fogape, beneficiando a entre 800 mil y 1,3 millones de empresas. La entrega ha estado orientada a firmas con ventas anuales inferiores a un millón de UF, con un período de gracia de seis meses y una tasa real del 0%.

Según la CMF, hasta el 8 de mayo se registraban alrededor de 23 mil solicitudes de crédito en las once instituciones bancarias partícipes del programa. De ellas, 13 mil ya están cursadas, lo que equivale a $389 mil millones. El 91,6% de los créditos fue a micro y pequeñas empresas, el 7,7% a medianas y el 0,7% a grandes.

Pero, como ha sido también el caso en todo el mundo, la utilización del canal bancario no siempre puede entregar alivio financiero a empresas más pequeñas y no bancarizadas. Esto era previsible, dada la complejidad de cualquier proceso serio de evaluación crediticia. El ajuste de las expectativas —un proceso difícil a veces también para la autoridad— debiera llevar a atenuar los reclamos de empresas que sostienen que la entrega ha sido menos rápida de lo que se esperaba, con montos menores e incluso algunos rechazados. Esto, sin contar que el acceso a los créditos corresponde únicamente a las empresas vinculadas a las instituciones que se adjudicaron las garantías.

Búsqueda de alternativas

Frente al desafío de extender los canales de crédito, y nuevamente siguiendo las prácticas internacionales, el Ejecutivo ha diseñado más recientemente nuevos mecanismos para que las microempresas tengan acceso a financiamiento.

En primer lugar, se inyectaron US$ 150 millones al programa de Crédito Corfo MIPyme, multiplicándolo más de 5 veces. Por su estructura, esto permite fortalecer los canales de financiamiento a través de Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB). Las estimaciones oficiales apuntan a generar más de 200 mil operaciones, beneficiando a 180 mil micro y pequeñas empresas.

Adicionalmente, se ha propuesto la conformación de un fondo de inversión, Fondo Crece, para que bancos, compañías de seguro, fondos de inversión y fondos de pensiones aporten recursos que puedan ser luego entregados como créditos a pymes. Si bien la garantía de un 80% parece insuficiente, dadas las características de los aportantes, se trata de una iniciativa interesante.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos del Estado en este ámbito, aún permanece la inquietud de si serán suficientes. En este sentido, corresponde también a la autoridad internalizar el tamaño y las consecuencias de la crisis. Muchas empresas pueden enfrentar no solo un problema de liquidez transitorio, sino uno de solvencia permanente. De ser así, el apoyo a las familias tras ellas debiera ser distinto y la reinvención del talento empresarial constituir otro, doloroso, foco.

Las grandes

Ante la negativa tendencia de la economía, la decisión de apoyar a grandes empresas en forma directa parece inevitable. Se han comenzado a levantar voces que apuestan a que el Estado participe en la propiedad a cambio de recursos. Si bien esto fue utilizado en el mundo desarrollado en la crisis subprime, en el contexto local parece menos evidente su pertinencia. Pero, lamentablemente, nuestra clase política parece más dispuesta a dar una lucha ideológica que a apostar por el pragmatismo en estas materias.

Será necesario que el Gobierno —como plantea el ministro de Economía— innove en este caso, evitando la tentación de entrar al negocio.