Se vienen semanas muy difíciles para todos los chilenos, especialmente para los sectores más vulnerables de la capital. El número de nuevos casos de covid-19 detectados en la Región Metropolitana (RM) comenzó a crecer rápidamente a partir del 30 de abril. Como los pacientes que están hoy en las unidades de cuidados intensivos (UCI) se contagiaron hace dos y tres semanas, la demanda por camas de UCI, ventiladores mecánicos y médicos intensivistas crecerá fuertemente en las semanas que vienen, exigiendo al máximo al sistema hospitalario. Por el mismo motivo, las cuarentenas decretadas esta semana traerán un alivio para el sistema hospitalario recién hacia fines de mayo.

En la última semana (2 al 8 de mayo) tuvimos 6.811 nuevos contagios en la RM, comparado con 1.846 tan solo dos semanas antes (18 al 24 de abril). Desgraciadamente, este incremento a más del triple no se debe a que los test PCR realizados para detectar el covid-19 han aumentado. Si esta fuera la explicación, la fracción de test que dan positivo (‘índice de positividad') habría caído y la realidad es que creció a más del doble entre las semanas señaladas, pasando de 7,8% a 16,8%. El incremento observado tampoco se debe a que se comenzó a testear personas asintomáticas, porque las cifras anteriores consideran solo personas sintomáticas.

Esta semana el Gobierno dio un giro mayor en su estrategia para manejar la pandemia, decretando cuarentenas en la mayoría de las comunas del Gran Santiago, y dando un rol protagónico a los alcaldes para adaptar las cuarentenas a sus comunas y contribuir a fiscalizarlas. Ya no se habla de mesetas o retorno seguro, y el énfasis está puesto en que las medidas de distanciamiento y reclusión sean más efectivas que en el pasado.

Existen varias iniciativas adicionales que contribuirían a hacer más efectiva la contención de la pandemia y que no se han adoptado aún. Una es postergar hasta mediados de junio la entrada en vigencia del instructivo del 29 de abril que obliga a los hospitales a retomar las cirugías electivas. Otra es una campaña mucho más ambiciosa para educar a la ciudadanía en la importancia de medidas preventivas como lavado de manos, distanciamiento social y no asistir a eventos. Esto parece obvio, pero la evidencia sugiere que en Chile es menos obvio que en otros países. En efecto, un estudio publicado esta semana (Fetzer et al., NBER) reporta los resultados de encuestas realizadas en 58 países. La mala noticia es que Chile está entre los países peor evaluados, la buena es que son temas que se pueden corregir rápidamente. Por ejemplo, ocupamos el penúltimo puesto cuando preguntan si nos estamos lavando las manos con mayor frecuencia y si estamos manteniendo una distancia de 2 metros de otras personas. Y estamos en el lugar 42 en la pregunta de si hemos dejado de asistir a reuniones sociales.

A propósito de la encuesta anterior, también es preocupante la respuesta a la pregunta de si la gente cree que el Gobierno ha faltado a la verdad (la palabra en inglés es untruthful) comunicando su manejo de la pandemia. Más del 70% de los encuestados responde afirmativamente, lo cual nos deja en quinto lugar, detrás de Venezuela, Estados Unidos, Rusia y República Dominicana. En contraste, Nueva Zelandia es el país con el porcentaje más bajo de respuestas positivas (3%) y hay tres de América Latina con porcentajes inferiores al 20% (Argentina, Perú y Uruguay).

La mala evaluación de Chile en esta materia indica la importancia de que las autoridades adopten un discurso más ajustado a la realidad, como el que comenzamos a escuchar esta semana. También es importante que las autoridades den acceso a más información sobre la pandemia, de modo de canalizar los deseos de colaborar con soluciones a problemas concretos planteados por la pandemia de decenas de científicos y académicos. Una política de transparencia abierta también sería un contrapeso potente a teorías conspirativas que encuentran un terreno fértil en la falta de información y en el ambiente de desconfianza hacia las autoridades que se arrastra desde hace tiempo.

Tal vez el principal desafío del Gobierno en las semanas que vienen, para un buen manejo de la pandemia y mitigar sus consecuencias, sea que los hogares vulnerables y de clase media reciban lo antes posible transferencias (bonos), de modo que no se vean obligados a salir a trabajar mientras duren las cuarentenas. Hace un mes, en este mismo espacio, celebraba el anuncio del Gobierno de financiar un ingreso familiar de emergencia (IFE). Un mes después el proyecto no ha sido aprobado en el Congreso. Aunque no siempre ha sido así, en esta ocasión las críticas de la oposición me parecen válidas. No se entiende, por ejemplo, por qué los montos pagados, que pudieron ser más altos, comienzan a decrecer al segundo mes en lugar de mantenerse constantes mientras dure la emergencia. Ceder en un punto tan obvio permitiría aprobar esta importante legislación a la brevedad y concentrarse en que las familias reciban rápido estos ingresos.

Las políticas adoptadas esta semana en el manejo de la pandemia son alentadoras. Si se complementan con una campaña que potencie las conductas preventivas, transparencia activa en materia de datos, una aproximación menos triunfalista en las comunicaciones y un mayor sentido de urgencia en las medidas económicas, este giro contribuirá a que las semanas difíciles que vienen queden atrás lo antes posible.