Para controlar la pandemia en que se ha transformado el coronavirus, los países han implementado severas medidas que han golpeado con fuerza a todas las economías. Allí se origina el temor de los mercados internacionales ante lo que se considera una inminente y profunda recesión a escala global. Tal situación ha afectado severamente a todas las materias primas. Antes, ya las drásticas restricciones adoptadas por China —principal consumidor de commodities del mundo— habían perjudicado sus precios. En efecto, durante los primeros dos meses de 2020 —y producto de esas medidas— la producción manufacturera del gigante asiático cayó 13,5%, su peor desempeño en tres décadas. De ahí que nuestro principal producto de exportación, el cobre, acumule un retroceso superior al 20% en lo que va del año; así, el lunes cerró a US$ 2,09 la libra, su menor valor desde septiembre de 2016.

En lo que ha dado un brío de moderado optimismo a los mercados, China ha anunciado en estos días el retiro programado de algunas de sus medidas, lo que ha sido motivado por los avances reportados por la autoridad en cuanto a la contención de la enfermedad. Los mercados bursátiles han reaccionado positivamente, pero el incremento en el precio del metal rojo ha sido marginal: ayer cerró en US$ 2,156.

Lo anterior ocurre porque los inversionistas están conscientes de que un repunte sólido y sostenido de la actividad mundial también requiere de Europa y Estados Unidos —China no puede empujar el PIB global por sí sola—. Desafortunadamente, en ambas regiones el virus ha mostrado una rápida propagación. Italia se convirtió la semana pasada en el país con más muertes producto de la enfermedad, y España exhibe una tendencia casi igualmente desfavorable, mientras la situación en el Reino Unido y los Estados Unidos se agrava peligrosamente. Así, la recuperación global sigue siendo incierta y, en consecuencia, también la mayor demanda por materias primas. Ello tiene importantes implicancias para nuestro país. A pesar del inédito plan de hasta US$ 11.750 millones —4,7% del PIB— anunciado por el Ejecutivo, es improbable que la economía nacional pueda evitar una contracción este año. Las expectativas, ya deterioradas por el estallido de violencia y la incertidumbre constitucional, podrían permanecer en territorio negativo debido al exiguo dinamismo global y la alicaída cotización del cobre. Es altamente probable que el daño que padecerán las arcas fiscales —cada centavo de dólar menos en el precio del metal representa una caída de US$ 70 a 80 millones en la recaudación— se traduzca en un nuevo recorte a nuestra calificación soberana. Ante ello, es crucial que el plan del Gobierno sea implementado con cautela, de modo de garantizar que los nuevos desembolsos se destinen a acciones eficaces frente a la emergencia. Por lo mismo, la priorización hoy parece más importante que nunca. Así lo han manifestado incluso exministros de Hacienda de la Concertación, llegando a plantear la reevaluación de la agenda social definida luego de los hechos de octubre. En este escenario, aunque el Gobierno ha ratificado la voluntad de seguir adelante con la reforma previsional, la inmensa carga para el Estado que ella significará debe ser considerada, sobre todo en un contexto en que la crisis sanitaria y su impacto económico demandan nuevas urgencias.

El desplome del cobre corrobora otra vez que Chile no está blindado frente a los vaivenes de la actividad mundial. Dada su importancia para la economía chilena y las cuentas fiscales, se requiere generar políticas que permitan disipar riesgos ante períodos de inestabilidad. También es necesario mejorar la productividad de la industria minera mediante la innovación. Y, en particular, Codelco enfrenta el desafío de ajustar sus costos para asegurar nuestra competitividad mundial