Las clases de ética a las que tuvieron que asistir los fundadores del grupo Penta luego de ser condenados por ilícitos tributarios han pasado a simbolizar la impunidad de los poderosos que cometen delitos de cuello y corbata. Existe consenso, también, en que esta sensación de impunidad es uno de los principales factores tras el estallido social. Para hacerse cargo de este tema, el viernes de esta semana el Presidente anunció el envío al Congreso de un primer grupo de proyectos de ley que forman parte de la Agenda Antiabusos y Trato Justo.

El motivo por el cual Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron juzgados por delitos tributarios y no por delitos de financiamiento electoral, es que estos últimos habían prescrito al momento de conocerse los hechos. Cuando los fundadores de Penta financiaron ilegalmente a la UDI, el tiempo de prescripción era de solo un año. Si el Congreso aprueba el proyecto del Gobierno, el período de prescripción subirá a 5 años. No será fácil que se apruebe este proyecto, como tampoco lo fue cuando el 2016, luego de los escándalos Penta y SQM, se aprobó uno que pasó de uno a dos años para la prescripción. Por eso es importante que la sociedad civil siga de cerca su tramitación.

Varios casos de colusión (farmacias, pollos, papel tissue) han contribuido a una sensación de abuso de los consumidores por parte de las empresas. Y que los responsables de estos casos no hayan ido a la cárcel agrega a la percepción de impunidad ya mencionada. Un segundo proyecto anunciado por el Gobierno esta semana busca hacerse cargo de este tema. Las penas de cárcel para el delito de colusión, cuando se trate de bienes de primera necesidad, suben de un mínimo de tres años y un día a un mínimo de cinco años y un día. Esta diferencia es importante, ya que un umbral superior a los cinco años asegura que habrá cárcel efectiva. El proyecto también entrega nuevas facultades a la Fiscalía Nacional Económica para investigar estos casos y le exige crear un sistema de denuncia anónima. Tomado en su conjunto, este proyecto hace muy probable que en un futuro no tan lejano quienes participen en acuerdos colusorios efectivamente vayan a la cárcel. Habrá que tener paciencia, eso sí, porque las colusiones que lleven a penas de prisión tendrán que suceder después de aprobada la ley.

Siempre en el contexto de fortalecer las políticas de competencia, el Gobierno ha anunciado un proyecto que enviará en un futuro cercano para crear un registro de beneficiarios finales de todas las empresas que participan en el sistema de compras públicas. Los beneficiarios finales son las personas naturales que verdaderamente controlan o se benefician de un vehículo jurídico (sociedad, fideicomiso). El objetivo de crear este registro es detectar fácilmente cuando los oferentes en una licitación pública tienen todos un dueño en común, de modo que en realidad esta no tiene nada de competitiva.

Al centrar el tema del registro de beneficiarios finales solo en las compras públicas, el Gobierno está dejando pasar la oportunidad de hacer una contribución importante en la lucha contra la corrupción en Chile. Los registros de beneficiarios finales también son útiles para prevenir corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y evasión de impuestos, pues dificultan ocultar dineros obtenidos ilícitamente. Un estudio del BID (Knobel, 2017) concluye que en estos temas la evaluación de Chile es peor que la de la mayoría de los países de América Latina. En particular, estamos peor que Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú. Para contribuir en el combate contra la corrupción, sin embargo, el registro de beneficiarios finales debe abarcar a todos los entes legales, no solo a los que participan en el sistema de compras públicas. Además, debe ser público y deben existir sanciones efectivas cuando la información registrada no es la correcta.

Los proyectos que el Gobierno anunció, y esperamos que ingresen pronto al Congreso, también incluyen uno que aumenta las penas, multas y obligaciones en la Ley de Valores, con especial énfasis en el uso de información privilegiada. Este proyecto es importante, porque Chile tiene una larga historia de casos que fueron detectados primero por las autoridades financieras de otros países y donde las sanciones en Chile fueron relativamente bajas comparadas a aquellas para el mismo delito en otras jurisdicciones. También es interesante notar que en este proyecto se introducen las delaciones con premios monetarios, es decir, quien denuncia puede obtener hasta un 30% de la multa a que de lugar su denuncia.

Políticas efectivas para combatir los delitos de cuello y corbata son claves para dar legitimidad a una economía donde los mercados juegan un rol central en la asignación de recursos. Varios de los proyectos de ley anunciados esta semana constituyen aportes significativos para lograr este objetivo. El proyecto que mejora la protección de los consumidores que se presentará próximamente será un complemento importante. El anuncio presidencial de hace tres meses sugería un proyecto más bien tímido, es de esperar que el proyecto que se presente sea más ambicioso. De la misma manera, es muy importante que el proyecto sobre un registro de beneficiarios finales, que también se presentará próximamente, vaya mucho más allá de las compras públicas y no se pierda la oportunidad de que Chile vuelva a ser un líder en estas materias, en América Latina y a nivel mundial.