Estimado Presidente:

Me permito escribirle en un momento crítico de nuestra historia. Los continuos actos de violencia, por más de cuatro meses, han hecho que las bases de una buena convivencia (el Estado de Derecho, una vida social pacífica y las oportunidades de progreso para todos) se encuentren amenazadas.

Un momento clave fue el 18 de octubre del año pasado. Con el incendio de 19 estaciones del metro vimos, con asombro y temor, un nivel de violencia tecnificada y coordinada que no habíamos conocido en una generación.

Al día siguiente, el 19 de octubre, cuando todavía no había protestas pacíficas significativas en el país, sino básicamente incendios y saqueos, usted dijo: “He escuchado con humildad la voz de la gente”.

En mi opinión, fue un error de diagnóstico. La que se escuchó el 18 de octubre no fue la voz de la gente, ni su legítimo malestar. El pueblo no fue el victimario, sino la víctima. Detrás de esos hechos se expresó la voz de grupos violentistas. Esta nueva realidad se ha mantenido presente principalmente a través de la acción de grupos encapuchados.

El malestar ciudadano que existe, y no debemos soslayar, se expresó después, legítimamente, a través de manifestaciones pacíficas que no merecen objeción alguna.

Luego vino un segundo error: la ausencia de una reacción apropiada del Estado frente a la violencia.

Usted afirmó que el 12 de noviembre había enfrentado una disyuntiva: aplicar la legítima coerción del Estado para reprimir los actos de violencia o buscar grandes acuerdos políticos, respecto de la Constitución, la justicia social y la paz. Y que había optado por lo segundo.

En mi opinión, no existe tal disyuntiva. Avanzar en acuerdos políticos es necesario, pero no resuelve el desafío de los encapuchados al Estado de Chile, en el que hasta ahora han resultado vencedores. ¿Van a detenerse los incendios y saqueos porque se avance en un debate constitucional, o en un aumento de pensiones?

Los chilenos sabemos muy bien que nuestro Estado cuenta con los recursos y la capacidad para controlar a los violentistas, si se tomara la firme decisión de hacerlo.

Se ha recordado muchas veces, en estos últimos meses, que el Estado democrático tiene como rasgo propio el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Dentro del Estado es el Presidente de la República quien puede tomar las decisiones para asegurar el orden. Pero si usted, en lo fundamental, sigue resistiéndose a hacerlo, ni el pleno Estado de Derecho, ni la convivencia pacífica, ni el progreso para todos serán posibles.

Dicen algunos, para justificar la pasividad observada hasta ahora, que la coerción de los actos de violencia vendría acompañada, necesariamente, de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. Afirmar que esa es la disyuntiva me parece un tercer error que, de aceptarse, hace improbable una salida.

El Estado democrático, al cual los ciudadanos concedemos las herramientas para asegurar el Estado de Derecho, tiene la clara obligación, respecto de esos mismos ciudadanos, de no usar la fuerza que se le ha otorgado, para transgredir los derechos de las personas.

Esto es absolutamente intransable para quienes nos opusimos por 17 años a la dictadura, precisamente por su violación sistemática de los derechos humanos.

Todos los gobernantes democráticos del mundo enfrentan este mismo desafío: asegurar el Estado de Derecho, la paz social y el progreso para todos, aplicando la coerción frente a los violentistas y respetando los derechos humanos de los ciudadanos.

Un gobernante no puede escudarse en su incapacidad de ejercer un control adecuado de las fuerzas de orden, para eximirse de usar una fuerza proporcional cuando surge la violencia.

Todos tenemos una gran responsabilidad en este momento de Chile: ciudadanos, organizaciones sociales, partidos políticos y parlamentarios. Pero hay solo una persona que tiene el poder para tomar las decisiones que Chile le exige al Estado Democrático en este momento crucial de nuestra historia: ese es usted.

Esta semana usted anunció, nuevamente, su deseo de fortalecer un acuerdo contra la violencia. Sin embargo, más allá de que es imprescindible que todos los sectores políticos se definan con claridad frente a ella, lo que el país necesita con urgencia es un giro en la forma en que su propio gobierno la ha encarado.

Al asumir su mandato juró, como Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Como ciudadanos, tenemos hoy el derecho a exigírselo.

René Cortázar