Uno de los activos del país en las últimas tres décadas ha sido su política fiscal responsable, que ha mantenido los gastos públicos en línea con los ingresos, incluso evitando que los primeros se incrementen exageradamente si los segundos solo aumentan transitoriamente. Así, en períodos de bonanza en las entradas fiscales se ha ahorrado. Estos montos quedan disponibles para enfrentar caídas transitorias en dichas entradas o financiar gastos imprevistos en una situación extraordinaria. Ocurrió, por ejemplo, en la gran recesión mundial de 2008-9.

Un fenómeno similar se está viviendo ahora. La violencia política que ha acompañado los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre ha generado un shock económico negativo y necesidades transitorias de inversión, como la reconstrucción de estaciones de metro y apoyo a pequeñas empresas, que generarán un déficit fiscal mayor al anticipado. Este puede financiarse con los ahorros disponibles o con deuda. Se ha decidido utilizar una combinación de estos instrumentos. Como las necesidades de financiamiento público son relevantes y el país está creciendo lento, la deuda se incrementará en forma importante en los próximos años esperándose que converja hacia una proporción del PIB algo superior al 38% en 2024, esto es, 11 puntos porcentuales superior a la existente en 2019.

Para que esta convergencia se materialice, es decisivo mantener un control sobre los gastos transitorios que, como demostró la experiencia de 2008-9, en una proporción relevante, se vuelven permanentes, presionando el déficit fiscal. A ello se suma que la mayor deuda pública significa destinar un más alto monto a intereses que impactan los gastos públicos; cada punto adicional de deuda significaría, según estimaciones del director de Presupuestos, del orden de 100 a 120 millones de dólares de desembolsos financieros para el Estado. Al mismo tiempo hay que recordar que se ha acordado una agenda social cuyos contornos no están claramente definidos y que supone una presión permanente sobre las cuentas fiscales. La reforma tributaria ha generado nuevos ingresos que deberían ayudar a sostener esta presión, pero no es evidente que sean suficientes para las expectativas creadas. Otra reforma tributaria, en las actuales circunstancias económicas y de incertidumbre, no parece recomendable, aunque siempre hay afinamientos en el gasto tributario (excepciones) que pueden generar recursos adicionales, pero es difícil pensar que de este ejercicio surgirán recursos cuantiosos.

Por ello son bienvenidas las palabras del director de Presupuestos de que se está realizando una revisión exhaustiva de partidas que significan desembolsos al Estado por alrededor de 25 mil millones de dólares, cuya efectividad y eficiencia generan dudas. Estos son gastos de soporte y en programas que no estarían vinculados a leyes permanentes. La posibilidad de hacer esta revisión profunda se ha producido como consecuencia de un protocolo firmado por el Ejecutivo y el Congreso que, entre otros aspectos, busca transparentar el Presupuesto, hacerlo más participativo y construir indicadores compartidos que permitan evaluar la calidad del gasto. Una comisión independiente irá guiando este proceso colaborando con Hacienda y la Dirección de Presupuestos.

No cabe duda de que terminar y redireccionar los desembolsos mal evaluados puede ser una fuente relevante para financiar una agenda social más ambiciosa y asegurar también un déficit fiscal más sostenible en el tiempo. Ahora bien, hay que reconocer que muchos de esos programas han sido objeto de una captura y hay intereses políticos involucrados que no hacen fácil su término y el redestino de los fondos. Se requiere, por tanto, una estrategia política fina que permita satisfacer el propósito buscado. En caso contrario, estos objetivos, aunque muy loables, se verán frustrados.

También, el director de Presupuestos ha hecho ver la posibilidad, y ello se está estudiando, de refinanciar parte de la deuda y así buscar costos financieros más bajos. Hay una demanda muy grande en los mercados por activos de bajo riesgo y la deuda chilena aún lo es. Los acontecimientos de los últimos meses seguramente han afectado el prestigio del país, pero la seriedad fiscal no parece estar bajo amenaza. Indudablemente que si hay oportunidades en este ámbito, es algo que debe aprovecharse para reducir el pago de intereses.