El deterioro paulatino de las condiciones para invertir, innovar y emplear llevó a la economía chilena a un estancamiento durante el gobierno anterior. Quedaron atrás las aceleradas tasas de progreso, superiores al 7%, que se conocieron a comienzos de la década de los 90. Este proceso afectó a todos los chilenos, pero especialmente a quienes habían visto por primera vez una luz de esperanza en un país que por décadas se debatió en la pobreza.

La frustración de ver truncadas sus posibilidades de seguir progresando afectó el ánimo de muchos. Ello se potenció con la perseverante estrategia de los responsables de las políticas antiprogreso, de encontrar culpables distintos a ellos mismos. Así, la animadversión se dirigió a los empresarios, al “modelo”, a “los pocos privilegiados”, al capitalismo, a las AFP o al lucro en la educación.

Desgraciadamente, se fueron haciendo cada vez más escasas las voces que transmitían a los chilenos el sentido común que estaba detrás y fundaba las políticas públicas que podían sacar al país de su subdesarrollo crónico. Los relatos alternativos tomaron cuerpo en distintos sectores de la sociedad, dependiendo de cuál acomodaba mejor a sus frustraciones particulares.

Cuando se produce una acción con precisión militar —en pocas horas inutiliza gran parte del metro de Santiago, numerosos supermercados y otros comercios— la reacción de los líderes no fue unánime ni tuvo la contundencia necesaria para rechazar la violencia y contenerla. Hace pocos días, en una reunión donde participaban algunos parlamentarios, entre ellos la futura presidenta del Senado, se homenajeó en el edificio del Congreso en Santiago a un grupo de encapuchados. Supuestamente actores de la “primera línea” en los actos violentos que ya son cotidianos a lo largo de Chile.

La violencia, que ya es parte del día a día del país, provoca una gran incertidumbre que se ve potenciada por las decisiones que el Gobierno ha debido adoptar. Un posible proceso constituyente y medidas tributarias y previsionales contrarias al progreso y a lo que eran sus propuestas iniciales. Peor aun, la ciudadanía percibe que las autoridades están en cierto modo cautivas de los grupos violentos. A través de la fuerza y ayudados por la falta de unanimidad de los líderes para rechazarla, buscan forzar decisiones que no han surgido por la vía pacífica y democrática.

Su audacia es casi sin límites. No dudaron en hacerles la vida muy difícil a cientos de miles de jóvenes que se prepararon por años para poder elegir sus futuras profesiones, impidiendo el normal desarrollo de la PSU.

Chile sigue teniendo empresas competitivas y trabajadores capaces. Es digno de destacar el esfuerzo que hicieron para operar lo mejor posible en medio del caos inicial que afectó el transporte y muchos servicios. Pero, a pesar de ello, no es posible ser optimista sobre el futuro. Dado el fuerte impacto económico del vandalismo inicial, el crecimiento del año 2019 bordeó apenas el 1%. Los datos de desempleo muestran ya un deterioro. La encuesta reciente de la Universidad de Chile indica que la construcción y el comercio tienen tasas de desempleo de 13,4% y 11,1%, respectivamente. La inversión que, luego de cuatro años de caída durante el gobierno anterior, repuntó levemente el año 2018 apenas creció un 1% el año que acaba de terminar. Difícilmente durante el año actual —2020— el crecimiento del producto estará muy por encima del 1%. La inversión se mantendrá deprimida y el desempleo, en aumento. El brote de violencia que vive el país conlleva en consecuencia menos progreso, menos inversión, menos empleo y menos consumo. En síntesis, menos bienestar. La ciudadanía lo percibe así y se refleja en las abruptas caídas de los índices de confianza del empresariado y los consumidores.

El Gobierno estaría intentando moderar los impactos negativos con mayor gasto. Se ha mencionado una agenda social de US$ 5.000 millones de aquí al año 2022 y se propone mayor gasto previsional, que en régimen generará desequilibrio fiscal de US$ 1.800 millones. Probablemente será una ayuda, pero es un camino que tiene límites. La posición inicial de deuda del país es sólida, pero ha aumentado rápidamente y se proyecta que lo siga haciendo. A su vez, por muy contundentes que parezcan cifras como las anteriores para los números que maneja un ciudadano común, debe recordarse que cuatro puntos menos de crecimiento significan aproximadamente US$ 12.000 millones menos de riqueza, todos los años y acumulativos en el tiempo. Es lo que pierden todos los chilenos y es lo que se debe evitar que continúe, no solo superando la incertidumbre y la violencia, sino volviendo a facilitar el progreso con medidas de largo plazo. Como ya se dijo, ni el proyecto tributario ni las propuestas previsionales van en esa dirección. Es difícil la tarea del Gobierno, superar la violencia y poder volver a poner el foco en el progreso. Difícil pero indispensable si se quiere una respuesta duradera a las urgencias que expresan los ciudadanos.

Respecto a la economía mundial, en cambio, es posible ser moderadamente optimista, aunque con cautela. El año 2019 fue un año en que el mundo solo habría crecido 3,1%, uno de los progresos más lentos de los últimos diez años. Es posible que ello se haya debido al efecto de diversas tensiones entre las que destacan la guerra comercial entre China y EE.UU. y el Brexit. Estas afectaron por más de un año la confianza empresarial y debilitaron el gasto de capital. En las últimas semanas se firmó la primera fase de un acuerdo China-EE.UU. y el Congreso norteamericano aprobó el nuevo Nafta (USMCA). Los resultados electorales en Gran Bretaña dieron a su vez claridad al Brexit. Ello ayudará a despejar dudas, lo que, sumado a la mantención de las políticas expansivas monetarias y fiscales de China y Estados Unidos, nos permiten mirar con más optimismo el año 2020.

Es cierto que los datos del último trimestre del 2019 no son positivos, pero hay efectos coyunturales que lo impactaron, como la huelga de General Motors, los problemas de Boeing en Norteamérica y los efectos del aumento del IVA en Japón. Es razonable esperar, en consecuencia, que en el trimestre pasado la economía haya tocado fondo. Pero siempre sucede que aparecen elementos nuevos e inesperados que alteran cualquier proyección.

El reciente mutado coronavirus en China, que está obligando a las autoridades a impedir el movimiento de casi 46 millones de personas, en vastas áreas, podría ser ese imponderable.

De lo conocido a la fecha, es razonable estimar que efectivamente tendrá efectos importantes, especialmente en turismo y comercio en las zonas afectadas. Pero si se toma como referencia el caso del virus SARS de los años 2002 y 2003, el impacto anual no debiera ser mayor, aunque sí la distribución trimestral del crecimiento. Por el momento, el nuevo virus tiene una mortalidad cercana al 3%, y afortunadamente China, con el elevado nivel de vida que recientemente ha conseguido, está mejor preparada que unas décadas atrás, cuando era de los países más pobres de la tierra.

Mirando hacia adelante, Asia emergente liderará un mejor año. Europa occidental, que hasta ahora ha decepcionado, debiera hacer un importante aporte el 2020, mientras que EE.UU. se prepara para volver a un crecimiento de tendencia.

En un momento en que Chile sufre con la violencia, y en que a los emprendedores, trabajadores y consumidores los afecta con fuerza la incertidumbre, es una buena noticia que a la economía mundial la podamos mirar con moderado optimismo. Sin embargo, los problemas que hoy vive Chile solo puede resolverlos nuestro propio país, a través de sus propias instituciones.