Desde la antigüedad existe la discusión sobre libertad y autoridad. Este eterno debate sobre la libertad y sus límites, y sobre la autoridad y su margen de acción, es la esencia de la política y de la vida en sociedad. La justicia y la democracia dependen de la forma de enfrentar ese equilibrio.

La política empieza con el paso del ser humano del estado de naturaleza a la sociedad civil organizada. Se trata de un pacto social que garantiza el bien común y resguarda los derechos de las personas. Lograr ese equilibrio permite el desarrollo civilizado, y si nos preguntamos por qué el ser humano quiso abandonar el estado de naturaleza con libertad total y pactar una vida en sociedad, la respuesta de filósofos y antropólogos es: las personas, en estado de naturaleza, están expuestas a tal nivel de incertidumbre, inseguridad y amenazas de otros individuos, que prefieren pactar acuerdos que garanticen su seguridad. Eso incluye el respeto a su libertad, a cambio de respetar la de los demás. Y aceptan que la transgresión de esos acuerdos —las leyes— sea sancionada con penas coercitivas por una autoridad también pactada.

Si un gobierno es incapaz de mantener la paz social con las atribuciones que le otorga la ley, no cumple con su deber principal. Aun en las más sofisticadas democracias existe esa constante tensión entre autoridad y grupos de presión. Si se permite que se impongan los que ejercen la violencia, se vuelve al caos que imperaba previo al pacto social.

En las democracias, el tema central es cómo organizar las instituciones de modo que los gobernantes no ocasionen demasiado perjuicio a la libertad de los gobernados. Pero, a la vez, se acepta que es imposible mantener la totalidad de nuestra libertad —porque es derecho de todos— y debe ser limitada cuando perjudica a otros. El sentido de la ley, que siempre es una limitación acordada de la libertad, es evitar la colisión entre las libertades de unos y otros.

En Chile estamos poniendo a prueba todos estos conceptos. Si la autoridad permite que durante tres meses grupos violentos destruyan todo a su paso, no está ejerciendo su rol. Si los violentos no respetan la libertad de los demás, están abusando. La protesta forma parte de una sociedad democrática, pero exige autocontrol. En las marchas pacíficas realizadas en Chile se alega —con mucha razón— contra ciertos abusos, colusiones, injusticias y se exigen los cambios necesarios. Muy bien. Pero la esencia misma de una sociedad de libertad es que ningún poder, tampoco el de grupos violentos, puede pasar a llevar los derechos de otras personas, su propiedad y su posibilidad de sustento. Los chilenos tenemos todo el derecho a visibilizar profundas molestias en marchas pacíficas, pero tenemos la obligación de lograr una fórmula civilizada para proyectar nuestro futuro.