La desastrosa gestión de la PSU, que hace tiempo exhibe fallas, volvió a mostrar la débil gobernanza de nuestra educación superior (ES). Hay más improvisación que previsión; las decisiones suelen ser reactivas más que propositivas. Y, al final, no se sabe quién asume la responsabilidad.

Es cierto que la gobernanza de sistemas complejos es un asunto, ella también, de extraordinaria complejidad. La ES chilena atiende a alrededor de 1,3 millones de estudiantes, distribuidos en 452 sedes a lo largo del territorio nacional, que cada año gradúa cerca de 250 mil profesionales y técnicos, 40 mil de ellos en el nivel de posgrado. Trabajan en este sistema alrededor de 87 mil personas como académicos, 40% con grados de magíster o doctor, que ofrecen 11 mil programas en 151 instituciones. De ese personal, unos 9 mil son académicos investigadores que publican en torno a 11,5 mil artículos anuales en revistas indexadas (Scopus). El gasto total en ES —de fuentes públicas y privadas— es cercano a 2,3 puntos porcentuales del PIB, equivalente a más de 7 mil millones de dólares (valor de cambio promedio 2018). En relación con el producto nacional, Chile es uno de los tres países de la OCDE con mayor gasto en este nivel educacional.

Esta significativa inversión en capacidades humanas —el capital humano de los economistas— es un elemento clave en una sociedad que pretende usar, de manera cada vez más intensa, conocimiento avanzado en sus procesos productivos, de gobierno y coordinación, culturales, y de convivencia y comunicación.

La gobernanza de este estratégico sistema involucra un conjunto de actores e instancias: (i) al Estado y, en particular, el gobierno de la nación; (ii) a las propias instituciones que gozan de un especial estatus de autonomía, con sus comunidades de maestros y estudiantes, y (iii) a los diversos mercados donde las instituciones compiten por estudiantes, académicos, personal directivo y gerencial, recursos e insumos de todo tipo, y por prestigio (rankings) que, de manera imperfecta, señaliza su calidad.

Los organismos públicos directamente vinculados a la gobernanza del sistema —subsecretarías de ES, nuevo ministerio de ciencia e investigación, agencia de acreditación, superintendencia del sector, Consejo Nacional de Educación, CRUCh, instancia coordinadora de universidades estatales, comité de expertos para regular aranceles, consejo asesor de formación técnico-profesional y otros— constituyen un vértice directivo de reciente creación (Ley 21.091 de mayo 2018).

Pero hay más partes involucradas a la distancia en la conducción del sistema: empresas y mundo ocupacional, colegios profesionales, medios de comunicación, sociedad civil y ONGs, iglesias, sistema nacional de innovación, sistema escolar y otras.

Adicionalmente intervienen varios organismos internacionales que determinan estándares y criterios de calidad, regulan el reconocimiento de títulos y grados, evalúan comparativamente el desempeño académico y norman el comercio internacional de bienes y servicios de conocimiento.

Como pudo observarse durante la reciente crisis de aplicación de la PSU, dicha estructura carece de visión estratégica, no se mueve coordinadamente y sus piezas claves son frágiles y no generan liderazgo. La subsecretaría, igual que el Mineduc, prácticamente no asumió su rol directivo, proyectando una imagen de irrelevancia.

El CRUCh continúa su trayectoria declinante, sin peso propio y con actuaciones improvisadas. Al final, tanto el antiguo controlador de la PSU (CRUCh) como el nuevo administrador del sistema de admisión a partir del próximo año (subsecretaría) aparecen confundidos en un mismo plano de incompetencia (falta de oficio). ¡Nada alentador de cara al futuro!

En efecto, la gobernanza en general del sistema —con todos sus organismos e instancias— se halla en cuestión. Desde su gestación durante los años 2014 a 2018, hasta su consagración legal y su desempeño actual, exhibe varias fallas; las principales: improvisación de las decisiones, ausencia de fundamentación técnica de las mismas y carencia de consulta pública, en serio, con las instituciones de ES.

Estos defectos persiguieron al incoherente proceso de adopción de la gratuidad universal, la cual, a pesar de su aplicación gradual y focalizada, está provocando una serie de efectos negativos. Lo mismo ocurre con la fijación del precio de los aranceles; el objetivo de transformar a todas las universidades en instituciones de investigación, meta equivocada e inviable; el anuncio del nuevo esquema de crédito estudiantil contingente al ingreso que permanece bloqueado en el Congreso, y la aspiración de financiar el costo creciente de la ES únicamente con dinero fiscal, justo en el momento en que el Estado enfrenta cuantiosos compromisos en otros sectores.

En suma, la gobernanza de la ES se ha tornado errática y goza de poca confianza. No ofrece un marco institucional adecuado. Tampoco una estrategia que garantice el desarrollo sustentable del sector. Hay escasa visión prospectiva y exceso de decisiones atrabiliarias. Se restringe la autonomía de gestión de las instituciones al tiempo que se las fuerza a competir más intensamente. No existe un canal institucionalizado de consultas entre la autoridad y las instituciones. Y la capacidad de reacción de los principales actores es limitada. El futuro está en entredicho.