La caída del Imacec de 3,4% anual en octubre, las nuevas proyecciones del Banco Central y la plétora de malos indicadores de los próximos meses mantendrán a la economía en el centro de la discusión. Más allá del paquete fiscal anunciado esta semana, ¿qué se puede hacer para salir de este embrollo?

Lo primero es tener un diagnóstico correcto. Los principales impactos que está recibiendo la economía son tres. Cada uno la afectará en magnitudes y momentos diferentes; y cada uno necesita de reacciones específicas y concertadas.

El primer impacto es el de la violencia. Además de dañar la confianza, tiene efectos inmediatos sobre la oferta: muchas personas están trabajando menos horas, hay empresas que deben cerrar temprano y otras, simplemente, no pueden operar.

La respuesta —contener la violencia— es de alta dificultad, pero imprescindible.

Quienes piensan que la solución es simple mano dura se sorprenderían de ver lo que ha pasado en otras latitudes (por ejemplo, Nicaragua). Eso no es suficiente, ni de cerca.

Los que piensan que es cosa de aumentar fuertemente los beneficios sociales también se equivocan. Es probable que ello sea necesario para deslegitimar la violencia; sin embargo, es central que la oposición sea clara en su rechazo a la violencia y apoye a los encargados de contenerla.

Se trata, a fin de cuentas, de acordar un nuevo pacto social. Una ruta compartida para ser un mejor país, con más beneficios sociales y, también con orden, respeto por el imperio de la ley.

El segundo impacto es financiero. Como suele suceder, el sistema financiero tiende a amplificar los ciclos económicos, como el que estamos viviendo. Los bancos prestan menos, los spreads suben, los inversionistas asustados escapan.

El efecto del apretón puede ser muy significativo si no se ataca a tiempo. Afortunadamente, el Banco Central ha estado a la altura con distintas acciones. Debe prepararse para otras, aun más agresivas, si las circunstancias lo ameritan.

Pero hay más: si los mercados perciben que el deterioro fiscal futuro es excesivo, el problema financiero se agudizará. Es imprescindible, por lo tanto, que el pacto social incluya ingresos (futuros impuestos) para financiar los nuevos gastos y, por otra parte, que el aumento de la deuda sea acotado.

Ya no tenemos un ancla fiscal creíble y urge construir una. Los anuncios recientes de Hacienda se entienden como una política contracíclica necesaria, pero lamentablemente usan el escaso espacio fiscal sin atacar de lleno los temas sociales. Sería mejor que fuera parte de un marco fiscal más amplio y compartido. Que la deuda converja a no más de 40% del PIB debería ser parte de este marco.

El tercer choque, menos inmediato que los anteriores, se refiere al efecto que la Nueva Constitución tendrá sobre la inversión.

Es evidente que un cambio de las reglas fundamentales tendrá efectos; sin embargo, la situación es más compleja mientras estos preceptos no se conozcan.

Hay temas menos controversiales, como el respeto de la propiedad privada (el número 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), o la independencia del Banco Central (no hay país desarrollado sin ella). Pero igual algunos dudarán. Hay que buscar mecanismos para que los consensos mínimos se manifiesten tempranamente.

También hay temas de gran complejidad, como el tratamiento que tendrán los bienes de uso público (como el agua y los recursos marinos), o la llamada iniciativa exclusiva del Presidente en distintas materias. Sería muy provechoso converger pronto, al menos, en qué tipo de soluciones no estarán sobre la mesa.

Necesitamos contornos que permitan acotar los niveles de incertidumbre. Sin ello, aun si se logra controlar la violencia, la inversión podría sucumbir.

La experiencia de otros países nos puede ayudar a delimitar las aprensiones. No es tan raro tener una Nueva Constitución. El desempeño macroeconómico de 47 procesos constituyentes desde 1983 a la fecha es informativo. En estos se utilizaron distintos mecanismos: un tercio Asambleas (AC), un tercio Convenciones (CC, legislaturas especialmente encargadas) y un tercio Comisiones (ED, expertos designados).

Para el país típico (mediana) y durante los 3 a 5 años siguientes a la Nueva Constitución se aprecia lo siguiente: (i) en el caso de AC, el crecimiento fue 1 punto menor al del mundo y la tasa de inversión a PIB disminuyó unos 3 puntos. En CC y ED, en cambio, el crecimiento y la inversión aumentaron; (ii) independientemente del tipo de proceso constituyente, la inflación disminuyó, el déficit fiscal se mantuvo acotado y el gasto del Gobierno creció algunos puntos del PIB (en AC y ED), y (iii) los casos de desempeño especialmente negativo se dan, predominantemente, en AC, pero son pocos.

Nuestro proceso, como está estructurado, es una mezcla de AC y CC. No tiene por qué ser una fuente de incertidumbre insuperable si los liderazgos políticos y sociales actúan responsable y oportunamente. Es urgente que lo hagan.

Rodrigo Valdés
Escuela de Gobierno UC