Chile cumplió un mes en una crisis tan inesperada como profunda, que combina la comisión organizada e impune de actos sistemáticos de violencia extrema, con la expresión de muy variadas demandas sociales y particulares. Partiendo con la experiencia internacional, me referiré luego a nuestra crisis, sus causas, efectos y posibles salidas.

Crisis violentas (civil unrest) en el mundo

La experiencia mundial contabiliza 9.000 casos de civil unrest, en 89 países, entre 1960 y 2014. Estos eventos varían mucho en intensidad. Incluyen desde protestas pequeñas y pacíficas hasta terrorismo generalizado y guerras internas, que pueden conducir a guerras civiles o golpes de Estado. Una forma de solución pacífica de estas crisis ha sido la formación de gobiernos de unidad nacional.

La correlación internacional entre la intensidad promedio de casos de civil unrest y el PIB por habitante es negativa, mientras que la correlación entre la intensidad de civil unrest y la disminución de la desigualdad es positiva. La crisis de Chile 2019 es un caso excepcional, que se sale de estas dos correlaciones. Nuestro PIB por habitante actual (relativamente alto) y nuestra gran reducción en desigualdad entre 2000 y 2018 no explican la duración e intensidad de nuestra crisis actual. Por lo tanto, hay otro factor preponderante en la crisis de Chile: el terrorismo.

La crisis y sus causas

La aguda crisis de Chile se origina en dos causas: un detonador y una condición estructural. Tres factores adicionales profundizan y extienden la crisis: las debilidades estructurales del Estado, una condición de debilidad de nuestra sociedad y una condición de fragilidad del Gobierno.

El factor que detonó y continúa la crisis es el ataque terrorista coordinado y centrado en las ciudades de Chile: en su infraestructura pública, sus escuelas, municipios, empresas privadas y hogares. La escala de la destrucción masiva de capital físico, los incendios y saqueos, y los muertos y heridos, demuestran la concertación planificada de la operación terrorista. Tres grupos participan en las acciones violentas: los terroristas, las bandas de narcotraficantes y los delincuentes comunes —tres grupos que actúan en sincronía al menos tácita y refuerzan mutuamente sus acciones.

Una condición estructural de la sociedad chilena, que se expresa durante la crisis y refuerza las acciones violentas, es un conjunto amplio y creciente de demandas sociales y particulares —legítimas e ilegítimas, racionales y absurdas. Estas demandas han estado presentes hace muchos años, pero se han multiplicado durante la crisis.

La crisis sobrepasa la capacidad de respuesta de un Estado, que presenta, hace décadas, severas debilidades estructurales en varios de sus órganos y poderes. El Gobierno carece de una oficina de inteligencia capaz de anticipar y manejar crisis. Las policías (Carabineros y PDI) han sido castradas, por sucesivos gobiernos, en sus capacidades para prevenir e investigar acciones terroristas y delictuales a escalas mayores. El Ministerio Público y las cortes de justicia son de baja efectividad investigativa y condenatoria de delincuentes y terroristas, y reflejan frecuentes sesgos ideológicos en sus acciones y decisiones. Un grupo de parlamentarios apoya explícita o tácitamente la violencia, poniendo sus intereses partidistas por sobre los de Chile, aunque con ello contribuyan a demoler la institucionalidad y la estabilidad del país.

Una condición estructural grave de nuestra sociedad es la enorme tolerancia de la violencia, en todas sus expresiones. El terror sembrado por los extremistas inhibe el rechazo público a la violencia y la práctica de la no violencia activa. La exposición continua a la transmisión gráfica de la violencia sistemática e impune, a través de medios que frecuentemente la apoyan, lleva al acostumbramiento, al hastío o a la desesperación de la gran mayoría de los ciudadanos. Por supuesto, la mayor tolerancia de la violencia está relacionada con otras dimensiones de pérdida de capital social, como la baja confianza, pobre capacidad de diálogo y débil disposición al consenso político.

Finalmente, estamos en presencia de un Gobierno, que, al ser de centroderecha y minoritario en el Congreso, tiene dificultades para enfrentar eficazmente la violencia.

Consecuencias económicas y políticas

Esta crisis conlleva gigantescos costos económicos en el corto y largo plazo. La crisis genera una enorme incertidumbre, que erosiona las confianzas de consumidores y empresarios, y lleva a significativas caídas en las valoraciones de activos financieros del país. Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, el IPSA ha disminuido en 6,3% y el peso chileno se ha depreciado en 9,1%.

Las brutales pérdidas de capital físico, público y privado destruyen la capacidad de producción de muchísimas empresas, especialmente pymes. Este shock adverso de oferta es potenciado por la contracción de la demanda agregada, especialmente la disminución del consumo privado y de la inversión privada, a consecuencia de los menores niveles de ingresos, salarios y empleos, y de la mayor incertidumbre.

El Imacec de octubre pasó de una proyección previa a la crisis de +3,3% a un valor negativo. Las proyecciones de crecimiento para los meses siguientes son mucho más negativas. Con alta probabilidad, nos encontramos en recesión. Cerrarán muchas pymes, aumentará significativamente el desempleo y caerán los salarios reales.

Ganaron con la crisis los extremistas, narcotraficantes y delincuentes. Perdieron con esta crisis los 19 millones de residentes en Chile, especialmente los más vulnerables.

Para el crecimiento y el desarrollo de mediano y largo plazo, se delinean tres escenarios, muy distintos, que son condicionales a una solución —o no— de la violencia y la crisis política. En el escenario más favorable, la superación de la crisis y la normalización de la economía en algunos meses más, apoyadas por reformas socioeconómicas razonables y sustentables, permitiría retomar una senda de crecimiento del PIB en torno al 2,5% hacia fines de 2020. Un escenario más mediocre, de superación de la mayor violencia pero con conflictos permanentes y sin reformas socioeconómicas razonables, llevaría a una argentinización de la política y la economía de Chile, con un crecimiento de 1% o menos. Finalmente, de continuar la erosión del Estado de Derecho y de las confianzas sociopolíticas y económicas, y con un gobierno extremista en 2022, se generaría un creciente deterioro de la capacidad de crecimiento y desarrollo de Chile. Invito al lector a identificar las probabilidades asociadas a estos escenarios.

Salidas de la crisis

Para salir de la crisis extrema que vive Chile se deben alcanzar cinco acuerdos sociopolíticos:

1. Acuerdo por la paz social para enfrentar eficazmente y perseguir judicialmente a los responsables de la violencia.

2. Acuerdo social del Nunca Más: rechazo ciudadano al uso de la violencia en todas sus formas, privilegiando la no violencia activa.

3. Acuerdo de reformas de las instituciones de inteligencia, policiales y judiciales para desarrollar su eficacia, y así prevenir y combatir el terrorismo y la delincuencia.

4. Acuerdo de justicia social: adopción de reformas sociales profundas y eficaces que se hagan cargo de los principales problemas que identifican los chilenos: reducir la delincuencia, mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de la salud y aumentar las pensiones.

5. Acuerdo para reformar la Constitución.

Los acuerdos 1 y 5 ya han sido alcanzados el 15 de noviembre y el acuerdo 4 fue anunciado por el Presidente el 17 de noviembre. Si continuare la violencia, queda un recurso final: la formación de un gobierno de unidad nacional, encabezado por el Presidente Piñera hasta el 11 de marzo de 2022.