Señor Director:

Mejorar las míseras pensiones que muchos de nuestros adultos mayores reciben es, sin lugar a dudas, la principal exigencia del movimiento social. Gobierno, oficialismo y oposición, con sus legítimas diferencias, hemos volcado todas nuestras capacidades en buscar respuestas eficientes.

Pero la bondad de la causa no justifica los medios y tampoco da chipe libre a la irresponsabilidad.

La indicación a la Ley de Presupuestos aprobada casi unánimemente en la Cámara de Diputados, que busca incrementar de manera inmediata en un 50% la pensión básica solidaria, es el mejor ejemplo de cómo no debemos actuar los parlamentarios en este período de cuestionamiento institucional.

Primero, porque es abiertamente inconstitucional, y por muy cuestionada que esté, sigue siendo la Constitución vigente y no podemos saltarla. De otra forma, no existe autoridad moral para llamar a las personas a actuar dentro de la ley. El Estado de Derecho protege al más débil, los individuos, de quien tiene el poder, el Estado. Ya sabemos qué pasa cuando se tolera que los órganos del Estado actúen más allá de las propias competencias.

Segundo, porque es demagógica. Obliga al Estado a realizar compromisos que, atendida la situación económica actual del país, no podrá cumplir ni a corto ni a largo plazo. En un inédito esfuerzo, que significó un acuerdo en materia tributaria, el Gobierno se comprometió ya a un avance de un 20%. Claro que hay que avanzar en metas más desafiantes, pero ellas solo se pueden alcanzar con gradualidad y sentido de realidad.

Actuar dentro de nuestras atribuciones, no generar falsas expectativas, fomentar el diálogo y reivindicar el rol de las instituciones democráticas es la guía para no caer en el peligroso ensueño del populismo.

Francisco Undurraga
Diputado Evópoli