Cuando el Gobierno se mostró sistemáticamente incapaz de controlar el orden público y garantizar la paz, comenzaron las rendiciones que han continuado con el acuerdo suscrito por los partidos de Chile Vamos, para cambiar el régimen constitucional.

De la claudicación en el uso de la fuerza legítima para detener la insurrección, el Gobierno pasó a la rendición de su programa ante los cientos de demandas que lo acosaron: no pudo distinguir el trigo de la paja y terminó con todo el granero en llamas.

Después, levantó bandera blanca ante una presión tan demagógica como ilegítima: el enemigo fantasmal transmitió desde la trinchera contraria un mensaje que devastó las confianzas gubernamentales: todos los chilenos están en la calle, la calle exige una asamblea constituyente, esa asamblea dictará una nueva Constitución y la carta fundamental así aprobada solucionará los problemas de todos los chilenos. Y en vez de contestar fuerte y claro: ¡patrañas, de la primera a la última!, el Gobierno y los partidos de Chile Vamos han salido a dejarse apresar, dejando caer sus argumentos al suelo, y con los brazos en alto.

Y, de paso, todo esto está significando otras cuatro rendiciones de consecuencias incalculables: el Gobierno y sus partidos han enajenado la adhesión de sus electores; han hipotecado la salud económica; han desplazado las energías desde lo social a la chimuchina de los procedimientos y las fórmulas; y, por cierto, han claudicado en los principios que han permitido estabilidad, movilidad, libertad y crecimiento. Nada menos.

¿Alguien puede asegurarles a los chilenos que la nueva Constitución no será una amenaza en ninguno de los campos en los que los ciudadanos hemos desplegado nuestros proyectos vitales, personalmente y reunidos con otros? Nadie, porque justamente el propósito de las izquierdas es cambiar radicalmente el sistema de libertades y méritos que nos rige bajo la Constitución del Presidente Pinochet de 1980 y que fue ratificado con las enmiendas del Presidente Lagos.

Se asoman graves amenazas para el modo de entender a la persona humana, de resguardar su vida, de proteger a su familia y su libertad de asociación, porque se buscará cambiar todo el artículo 1º, eliminando la concepción subsidiaria ahí presente. Se buscará un control completo de la educación chilena, que estará conformado por un Estado docente poderosísimo y pequeños enclaves de educación autónoma, manipulados a su vez por el financiamiento en manos del Estado.

Se procurará la perniciosa consagración ilimitada de supuestos derechos sociales, imposibles de practicar, inviables conceptual y económicamente, mientras al mismo tiempo se limitará y ahogará la libre iniciativa y el meritorio emprendimiento. En paralelo, se buscará imponer formas de participación ciudadana fácilmente manipulables, para presentar como correcta cualquier opinión transitoria, en materias de trascendencia moral o cultural; y, de paso, se eliminará el papel de equilibrio del Tribunal Constitucional en relación con el Congreso.

Habrá amenazas para la organización del Poder Judicial, de manera de hacer irreversible el actual control que ya ejerce la política sobre su conformación y su actuación. Y, por supuesto, se procurará manipular el papel de las Fuerzas Armadas, transformándolas en instrumentos de control político, bajo un férreo… control político, destrozando su carácter jerárquico y disciplinado, e insertándolas en un nuevo Estado plurinacional.

Por todo eso y mucho más, cualquier ciudadano tiene un mundo de razones para sentirse amenazado. No en sus privilegios, como dicen algunos desde la lucha de clases, sino en sus legítimas aspiraciones a una vida libre, buena y en paz.

Gonzalo Rojas