Hemos tenido tres semanas de pausa, tiempo suficiente para haber iniciado algunas reformas largamente esperadas y que hasta aquí no han sido siquiera mencionadas y algunas apenas parchadas a través de años. Le invito a revisarlas.
Debe ser revisada la constitución del fútbol, es decir, la Ley 20.019, que creó las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Ella es la base de la organización futbolística. No solo debe ser revisada y modificada, lo que ya se ha hecho, sino que debe ser rehecha. La nueva Ley debe ser enfática en prohibir el ingreso de dirigentes, chilenos o extranjeros, con malos antecedentes. Estos hoy ingresan a los clubes sin ningún problema, engrosando la corruptela que aflige al fútbol. Asimismo, los castigos por participar en la propiedad de más de una institución deben ser contundentes, con la expulsión del fútbol para siempre de los infractores. Por cierto, hay mucho por hacer en una nueva ley del fútbol profesional.
Se debe ver la manera de que los más ricos aporten al desarrollo de la actividad que los insertó en el mapa de la extrema riqueza. Hoy es fácil leerlos en sus mensajes de apoyo a los pobres, pero nada se sabe de actos suyos por ayudar a sacarlos de ella. Los muy ricos deben ser un porcentaje inferior al 1%, pero concentran un porcentaje significativo de la renta total de los futbolistas (son cifras tan altas, que no es fácil hacer precisiones). Deberían aportar a la formación de jugadores o a un fondo solidario para los que viven mal. Regalar empanadas en paraderos de micros es casi un chiste de mal gusto.
El vandalismo debe ser severamente reprimido. El costo de la destrucción que los vándalos le producen al fútbol, física, moral y psicológicamente, es gigantesco, sin que ninguna de las medidas ensayadas en los últimos años haya podido eliminarlo o mitigarlo. Y las medidas han sido muchas, pero ineficaces.
Directamente relacionado con la disminución de la violencia en los estadios está la debida protección a los derechos humanos, que son los de varios de los componentes del fútbol y de áreas vimculadas. Estos derechos no están protegidos para los espectadores, muchos de los cuales han descartado asistir a los estadios y, más aún, hacerlo acompañados de sus familias. Tampoco están protegidos los derechos de los ciudadanos cuyas viviendas se ubican cerca de los estadios. Ni los derechos de los pasajeros de la locomoción colectiva cuando los buses son secuestrados por alborotadores. Y sus conductores.
Esta protección se vincula necesariamente a la nueva ley constitucional, pues es bien sabido que hay dirigentes que protegen a estas bandas de maleantes, mientras simultáneamente anuncian querellas contra periodistas honorables.
Asimismo, debe legislarse en tormo a una jubilación digna. Desde prácticamente los comienzos del profesionalismo se viene hablando de esto, sin ninguna acción concreta. Es sabido que muchos futbolistas ganan sumas que no les permiten una vida razonable y una vejez sin sobresaltos. Es posible que muchos no hayan sido previsores, pero eso es otro asunto. Los jugadores más ricos y los clubes deberían aportar a un fondo de retiro.
El sueldo mínimo queda para más adelante. Sería interesante conocer la opinión del Sifup sobre estos planteamientos. Y la de los dirigentes honrados.