VÍCTOR FUENTES BESOAÍN

El robo con amedrentamiento de una camioneta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ocurrida el viernes 27 en Ercilla; el operativo policial para recuperar ese vehículo, en el que un carabinero resultó baleado el sábado 28; y el ataque incendiario a la medianoche de ese último día a un fundo en Padre Las Casas son analizadas por el equipo jurídico de la Intendencia de La Araucanía y se convertirían entre hoy y mañana en nuevas querellas por hechos de violencia rural.

Hasta ayer, con los ataques armados a la Subcomisaría de Ercilla (domingo 22) y a una faena forestal con protección policial en Lautaro (lunes 23) las acciones legales interpuestas ante la justicia por la intendencia de esa región, a partir de marzo de 2018, sumaban 132. De ellas, 97 (73%) se concentran en cinco de sus 32 comunas: Ercilla (33), Collipulli (22), Temuco (18), Victoria (13) y Lautaro (11).

En los 18 meses del actual gobierno, en 43 oportunidades se ha invocado la Ley Antiterrorista, explicó el intendente Jorge Atton, pero aclaró que también se ha recurrido a la legislación de Seguridad del Estado, de Control de Armas, de drogas, de ferrocarriles, de telecomunicaciones y al Código Penal, entre otras. Atton asumió el cargo en noviembre pasado, luego de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, caso que incrementó los ataques incendiarios y otros episodios de fuerza.

La autoridad aseguró que frente a un ilícito, la definición respecto de si el Gobierno presentará una querella y bajo qué legislación lo hará, requiere 24 a 48 horas de análisis. “Eso obedece a que necesitamos varios elementos. Primero, el parte policial. Y luego, cruzar esos datos con el informe de la investigación encargada por el fiscal. Con todo eso se hace una calificación jurídica, según el mérito de los antecedentes”, precisó.

Sobre los elementos que determinan si la querella es por delito terrorista, expuso que “tiene esta connotación cuando su objetivo es crear pánico y terror en la población” y, en los casos en que se invoca la Ley de Seguridad del Estado “se argumenta que es el funcionamiento de este órgano el que ha sufrido afectación, lo que suele obedecer a algún tipo de asociación ilícita”. No obstante, reconoció que “siempre es muy difícil zanjar qué norma se debe emplear, y va a depender mucho del parte policial”. En esa dirección, consideró relevante que las autoridades vayan al lugar en que se produce la acción delictual: “Por eso, mandamos gente a terreno, ya sea el intendente, un gobernador o un seremi, para contrastar información”.

Atton argumentó que “como Gobierno, nos hemos querellado cada vez que hay una alteración al orden público. En otros casos, realizamos denuncias o nos hacemos parte de la causa”.

En su gestión, prosiguió Atton, comprendió que “erróneamente” se atribuyen “al conflicto mapuche” todos los hechos de violencia rural. “Si se desagregan los casos, se descubre que también hay delincuencia rural, robo de animales, de autos, de madera y tráfico de droga. Esto no es diferente a la delincuencia urbana, pero lo esconden bajo las demandas mapuches”, concluyó.