La información se halla presente en todos los aspectos de la educación. Desde la elección de un colegio para los hijos hasta la evaluación del aprendizaje y la certificación de los estudios. El propio proceso de enseñanza involucra crear, transmitir, obtener, procesar y analizar un cúmulo de información. Estos procesos son inseparables de la adquisición de conocimientos y del desarrollo de las capacidades humanas. Son además un medio de acceso a la cultura; una manera de hacerse parte de una comunidad, de sus conversaciones y deliberación.

Informar, por tanto, no es solo dar noticia de algo, sino, más en profundidad, es “formar, perfeccionar a alguien por medio de la instrucción y buena crianza”, “dar forma sustancial a algo”, “fundamentar, inspirar”.

La información es también un elemento estratégico de las organizaciones educativas; sirven a estas para hacer sentido, generar conocimiento y adoptar decisiones. En sistemas como el chileno —con una amplia pluralidad de establecimientos, misiones, identidades y proyectos pedagógicos, y libre elección de colegios—, la información resulta crítica.

Por lo mismo, llama la atención que en el Congreso Nacional se discutan dos modificaciones legales que, en la práctica, dificultan y/o reducen la información necesaria para hacer sentido, crear conocimiento y tomar decisiones al interior de la escuela y del sistema escolar. Una elimina las notas en los cuatro primeros años de la enseñanza básica; la otra limita la difusión de los resultados de las pruebas Simce. Ambas restringen la información de maneras no conducentes a un mejor desenvolvimiento de los establecimientos y a una mayor efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Veamos.

Eliminar las notas expresadas en números (de 1 a 7) modifica la evaluación de los alumnos justo cuando esta se encuentra en pleno proceso de revisión bajo la responsabilidad de cada colegio. El objetivo sería no “etiquetar” a los alumnos, limitando para ello el lenguaje evaluativo. Esto es riesgoso.

Evaluar es consustancial a los procesos educativos y adopta variadas expresiones como exámenes, notas, juicio de pares u otras maneras de calificar y retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes para estimular su propia formación.

La notación escolar comienzan a aplicarse en Europa en el siglo XIII. El uso de notas, rankings y listas de mérito hace parte de la tradición pedagógica. La Ratio Studiorum de los jesuitas, del año 1599, estipula que existirá un catálogo en cada establecimiento que “distinga el mayor número posible de grados de los alumnos, a saber, los mejores, los buenos, los medianos, los dudosos, los que deben continuar y los que han de rechazarse: estas notas podrían indicarse con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6”. En breve, exámenes, notas y grados forman parte de la “gramática de la escuela”.

En Chile, la moción actual que suprime las notas no menciona una similar, aprobada en 1981, que buscaba flexibilizar los planes y programas en pleno gobierno militar. El decreto respectivo estipulaba que “los alumnos de 1º a 4º año de Educación General Básica serán calificados semestralmente en cada una de las asignaturas del plan de estudio vigente de acuerdo a la siguiente escala de conceptos: muy bueno (MB), bueno (B), suficiente (S), e insuficiente (I)”. Dicho en pocas palabras: efecto Gatopardo. Todo cambia para no cambiar nada. Pronto se volvió a la notación convencional.

En suma, el cambio planteado es inútil a menos que acompañe transformaciones sustantivas. Su eliminación efectiva obligaría a repensar el currículo, los métodos pedagógicos y la formación de los docentes para dar paso a una evaluación formativa más densa con otras formas de comunicar la información evaluativa. Nada de esto se halla presente en el actual proyecto de supresión de notas.

A su turno, la propuesta que restringe la difusión de los resultados del Simce desconoce el hecho que durante las últimas décadas Chile ha desarrollado un amplio abanico de instrumentos evaluativos del desempeño de los colegios. Los resultados son informados a la comunidad escolar y a las autoridades de nivel comunal, provincial, regional y nacional. Existe por tanto una rica experiencia —ensayo y error— de uso de pruebas, métricas, indicadores, rankings, calificaciones numéricas y cualitativas, evaluaciones sumativas, formativas y experimentales en los niveles preescolar, básico y medio. Además, una agencia especializada que vela por la calidad de los colegios los evalúa y clasifica, y monitorea el progreso del sistema en su conjunto.

Es incomprensible que en vez de preocuparnos por fortalecer y mejorar la utilización de este entramado institucional, se procure disminuir sus alcances y efectividad. Sobre todo ahora cuando el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) requiere, más que nunca antes, que las familias —para ejercer su derecho a elegir—accedan a información detallada sobre los colegios, su proyecto, desempeño y resultados, y puedan así compararlos según diversos criterios. De lo contrario, ¿cómo podrían formar sus propias preferencias? Lo lógico es aumentar y no disminuir la información evaluativa; ampliarla y no restringirla; enriquecerla y no empobrecerla.

Es de esperar que los legisladores no cometan el error de pensar que es posible tener una mejor educación con menor información.