En su editorial del viernes pasado “Monopolios digitales”, “El Mercurio” se refiere acertadamente al desafío que plantea la existencia de grandes empresas proveedoras de servicios tecnológicos. Las economías de redes, es decir, la condición por la cual a mayor número de usuarios, más valiosas son las redes para esos mismos usuarios, así como el hecho de que muchas veces estos servicios se entregan sin cargo aparente, han llevado a que algunos gobiernos como los europeos regulen fuertemente a las empresas proveedoras de estos servicios.

Las preocupaciones son varias. Una de ellas es efectivamente que por la forma en que operan estas aplicaciones, se han generado barreras que impiden la entrada de nuevos competidores. Sin embargo, la mayor preocupación es la protección de los datos personales de los usuarios que circulan por las redes. Cada vez que una persona sube una foto, envía un mensaje, busca información en alguna página web, abre mapas en su teléfono, pide un taxi, ve una película en línea, escucha música, ordena comida por alguna aplicación, hace compras, etcétera, produce una gran cantidad de información respecto de sus preferencias y su comportamiento. Esta información es tan voluminosa y tan precisa que en muchos casos permite anticipar el comportamiento de las personas, y por lo mismo es muy valiosa.

Internet no es solo un sistema tecnológico, sino también una red extensa de complicadas interacciones en la que hoy participa la mitad de la población mundial. Es una red descentralizada, es decir, nadie la controla y cualquiera puede participar, sin necesidad de identificarse de manera inequívoca. Este sistema, que tiene muchas ventajas de las que nos beneficiamos todos los días, es vulnerable a la manipulación, al acoso y al crimen en sus más diversas formas.

Por lo mismo, y citando al Presidente Obama, “las amenazas a la ciberseguridad son también una amenaza a la seguridad nacional, a la estabilidad financiera, a la privacidad y a la libertad”. Quien controla nuestros datos personales puede controlar nuestras vidas o al menos sesgar nuestras preferencias e influir en nuestro comportamiento.

Inglaterra, según el Financial Times, es el primer país en identificar este punto, advirtiendo recientemente que la industria publicitaria, que mueve al año unos 200 billones de dólares por medios digitales, comparte de manera ilegal datos que permiten a los avisadores personalizar la publicidad. El regulador les ha dado hasta fin de año para poner la casa en orden.

En Chile son muchos los desafíos que plantea la economía digital: la continuidad de los servicios, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos, la seguridad de las transacciones; en definitiva, que esta tecnología se convierta en una oportunidad para aumentar la productividad y acelerar el desarrollo. Por eso estamos empeñados en construir un ecosistema propio con leyes de ciberseguridad, delitos informáticos y protección de datos personales que entreguen un marco seguro al sector privado y herramientas efectivas para proteger los derechos de las personas.

Mario Farren Risopatrón
Asesor presidencial de Ciberseguridad