México merece crédito por convocar un encuentro iberoamericano el 28 de agosto para diseñar una “estrategia común” contra la xenofobia y el racismo hacia los latinos en EE.UU. Es una buena idea, pero sería mucho más convincente si México mostrara igual preocupación por otras atrocidades contra los derechos humanos en su país y otros, como Venezuela.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la reunión exploratoria de embajadores extranjeros en México tras la reciente matanza en El Paso, Texas, donde un asesino solitario mató a 22 personas, incluidos ocho ciudadanos mexicanos. El asesino había escrito previamente un manifiesto criticando la supuesta “invasión” hispana de Texas, haciéndose eco de los discursos del Presidente Donald Trump sobre una presunta “invasión” de indocumentados latinoamericanos.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que la reunión de países iberoamericanos es necesaria porque la matanza de El Paso fue un “punto de inflexión” en la lucha por la protección de los hispanos en EE.UU., “ya que fue un ataque terrorista doméstico, sustentado en un discurso de xenofobia en contra de nuestros pueblos”.

No me cabe duda de que México tiene derecho a preocuparse por la escalada de los crímenes de odio contra los hispanos en EE.UU., y a alzar su voz contra ellos. Ni Ebrard ni otros funcionarios mexicanos han mencionado el nombre de Trump en todo este asunto, pero el manifiesto del asesino de El Paso y las encuestas hablan por sí mismos.

Un sondeo del Centro de Investigaciones Pew de 2018 dijo que casi la mitad de los hispanos de Estados Unidos consideran que su situación había empeorado desde 2017. Comparativamente, solo un 32% habían dicho lo mismo cuando Trump fue elegido en 2016.

A la luz de todo esto, hay pocas dudas de que una reunión iberoamericana para llamar la atención sobre los crímenes de odio en Estados Unidos debería ser bienvenida. Si bien lo más probable es que no ayude mucho para que Trump abandone su retórica antiinmigrante, podría ayudar a mantener el tema en las primeras páginas y presionar a los legisladores estadounidenses para que aprueben medidas contra las armas de guerra, y tomen otros pasos para detener esta locura.

Pero para que la cumbre iberoamericana propuesta por México sea efectiva, López Obrador necesita revisar sus propias políticas de derechos humanos. López Obrador no solo está minimizando el número récord de asesinatos en México —ha expresado escepticismo sobre la cifra de 17.608 personas que han sido asesinadas durante los primeros seis meses de este año, según datos oficiales citados por el sitio web Animal Político—, sino que no está haciendo lo suficiente para proteger a los migrantes centroamericanos en sus países de origen y en su propio territorio.

Además, de una manera increíble, México se ha declarado “neutral” en el caso de Venezuela, la mayor tragedia de derechos humanos en la historia reciente de América Latina.

El gobierno de López Obrador ha reconocido de hecho al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien había sido declarado gobernante ilegítimo por el gobierno anterior de México, y lo sigue siendo para Estados Unidos y más de 50 democracias occidentales. Rompiendo con el esfuerzo internacional para aislar a Maduro, López Obrador invitó al dictador venezolano a su ceremonia inaugural.

López Obrador también ha sido renuente a criticar enérgicamente los asesinatos masivos de opositores políticos por parte del régimen de Maduro.

Según un informe reciente de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el régimen de Maduro es responsable de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019. Eso es más que todos los asesinatos políticos del régimen del dictador chileno Augusto Pinochet durante sus 17 años en el poder.

De manera que me parece fabuloso que México convoque un encuentro iberoamericano para denunciar el racismo y la xenofobia en Estados Unidos de Trump. ¡Ojalá se haga esa reunión!

Pero para que sea creíble y exitosa, el gobierno mexicano debería alzar su voz sobre la ola de crímenes en su propio país y en Centroamérica, y contra los crímenes de estado en Venezuela.