El día 9 de agosto pasado, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado recibieron antecedentes desde el Mineduc luego de que la cartera auditara a la Dirección de Educación Pública y los servicios locales de educación.

Fue el 3 de diciembre de 2018 cuando, por instrucciones de la ministra Marcela Cubillos, la Unidad de Auditoría de la cartera comenzó a auditar a esa dirección y a los servicios locales de educación de Barrancas, Puerto Cordillera, Costa Araucanía y Huasco, que habían sido dirigidos hasta esa fecha por autoridades designadas por el gobierno de Michelle Bachelet.

La nueva institucionalidad

Esta institucionalidad había sido puesta en vigencia en noviembre de 2017, cuando se creó el Sistema de Educación Pública.

De acuerdo a esa normativa, la Dirección de Educación Pública es un servicio público centralizado que depende del Mineduc y que debe encargarse de la conducción y coordinación de los nuevos servicios locales (70 en total), a los que asigna recursos, fiscaliza y asiste técnicamente.

En noviembre de ese año, la entonces ministra Adriana Delpiano designó a Rodrigo Egaña (PS) como director de la Dirección de Educación Pública. También fueron nombrados los directivos de los servicios locales.

Cuando estas autoridades habían cumplido su período y acababan de dejar sus cargos, en diciembre de 2018, Cubillos encargó una auditoría ante eventuales irregularidades.

“No hay certeza” del destino de los recursos

“El Mercurio” tuvo acceso al contenido de las auditorías y a un documento de trabajo del Mineduc y en uno de los pasajes referidos al servicio local de Huasco señala que existen “cheques girados por la exjefa de la Subdirección de Administración y Finanzas del servicio local por a lo menos $407.738.740, desde las cuentas corrientes correspondientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención Escolar Preferencial (SEP), Subvenciones y Resto, a nombre de dos funcionarios de su dependencia, quienes depositaron dichos fondos en cuentas bancarias personales, sin que exista certeza del destino final de tales recursos públicos”.

En otro de los pasajes, referidos a la Dirección de Educación Pública, se señala que del total de recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) utilizados para sanear deudas previsionales de la Corporación Municipal de Cerro Navia, aproximadamente $571 millones (93% del total) fueron pagados ilegalmente a las isapres (…)”. 

Oficios a la fiscalía y al CDE

En un oficio al que este diario tuvo acceso, enviado al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se dirige a la abogada de ese organismo Ruth Israel, a la cual le señala, respecto del caso de Huasco, que “la Unidad de Auditoría Interna ha llegado a la conclusión de que han existido una serie de irregularidades, las que eventualmente configurarían el delito de malversación de fondos públicos, prescrito en los artículos 223 y 224 del Código Penal; el delito de desviación de fondos públicos, tipificado en el artículo 236 del mismo cuerpo legal, o bien el delito de fraude al fisco, según lo dispuesto en el artículo 239 del referido código”.

Al mismo tiempo, se envió un oficio al Ministerio Público, esta vez dirigido al fiscal nacional, Jorge Abbott, en el que también se describen los hallazgos de Huasco, y se agrega que de acuerdo “con el artículo 175 del Código Procesal Penal, se da cumplimiento al deber de poner en conocimiento del Ministerio Público estos hechos, a efecto de que se tomen las medidas que consideren necesarias”