Aunque el Ministerio de Transportes suspendió todos los servicios interurbanos de la empresa Línea Azul, debido al accidente que protagonizó la compañía el 29 de julio y que dejó a seis fallecidos y 46 heridos, hasta ayer la compañía seguían ofreciendo una de sus principales rutas: Chillán y Concepción.
Esta situación causó revuelo, pues según la firma, la distancia que hay entre ambas ciudades —menos de 200 km— permite que el viaje se considere rural y, por ende, hacerlo. De hecho, hasta el cierre de esta edición, la firma ofrecía en su página web pasajes incluso para el feriado de la próxima semana.
Pero el panorama debería cambiar. El lunes, la cartera tomó un nuevo paso contra la firma y suspendió los recorridos rurales. Así, Línea Azul se queda sin servicios disponibles.
“Ya fueron enviadas las notificaciones, están en el período en que ellos tienen que recibir las cartas certificadas en las cuales se dispone la suspensión de todos los servicios”, aseguró a “El Mercurio” la titular de Transportes, Gloria Hutt.
La suspensión de los servicios rurales podría ocurrir, según explicaron en la cartera, a partir del próximo lunes, sin esperar los descargos de la empresa.
“Proteger a los usuarios”
La primera seremi en abrir un proceso sancionatorio fue la del Maule, donde ocurrió el accidente. Mientras que las de Valdivia y Ñuble replicaron la medida ayer. Según Hutt, la firma puede responder, “pero depende de las situaciones”. Y explicó que como Línea Azul tiene operaciones en varias regiones, son distintos los motivos dados para que dejen de operar, los que, además, varían según la zona.
Eso sí, Hutt enfatizó que la principal razón —y bajo la cual se amparan los otros argumentos— es que “hay evidencia contundente de que la empresa usó malas prácticas para prestar los servicios”.
Añadió: “La forma de proteger a los usuarios y prevenir accidentes es suspender todos los servicios hasta que se aclare bien la situación de Línea Azul”.
Para Paola Tapia, exministra del ramo y directora de Derecho de la U. Central, la defensa de la empresa es compleja, debido a los antecedentes de manipulación de la patente del bus. “Tienen que demostrar ante la seremi y los tribunales que han cumplido con todas las condiciones técnicas de seguridad y documentación de los vehículos, lo que es difícil, porque una de las causales de cancelación (del servicio) es la falsificación”.
Las revisiones
Otro aspecto que ha sido cuestionado tras el accidente es la revisión técnica (ver nota secundaria). Sobre eso, la titular del ministerio afirmó que el objetivo de la inspección es “asegurar que los elementos claves de seguridad estén funcionando bien. Se enfoca principalmente en eso”.
“No podemos hacer una revisión exhaustiva del motor y de todas sus piezas. Eso está fuera de lo que cubre la revisión y el contrato con el que funcionan las plantas”, puntualizó.
En el caso del bus siniestrado, aseguró que como hubo intencionalidad “no hay cómo detectarla, porque el que pretende engañar, diseña toda su maniobra (…) Por eso este caso de dolo tiene que ser sancionado tan duramente”.
"Nuestra causal principal (de suspensión)
es que hay evidencia contundente de que la empresa
usó malas prácticas para prestar los servicios”.
Gloria Hutt
MINISTRA DE TRANSPORTES
Baja demanda del servicio entre Chillán y Concepción
Los 45 asientos con los que cuenta un bus tipo que realiza el servicio de transportes de pasajeros entre Concepción (Biobío) y Chillán (Ñuble) generalmente van todos ocupados. El tramo de 129 km, que se cubre en poco más de una hora, es muy útil para las personas que trabajan en una de estas ciudades y viven en la otra.
Por lo mismo, el recorrido es uno de las más importantes para la empresa Línea Azul, con sede en Chillán, que protagonizó un accidente en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Mostazal, el 29 de julio, con un saldo de seis muertos. “El Mercurio” realizó ayer un viaje en esta línea entre ambas capitales regionales y pudo constatar que, de los 45 asientos, apenas 10 estaban ocupados.
En el terminal de buses Collao, de Concepción, como en el terminal Línea Azul, en Chillán, se pudo observar una escasa afluencia de público.
Además de la baja demanda, la máquina presentaba cinturones de seguridad defectuosos, mal estado de los asientos y la ausencia del indicador de velocidad que deben observar los usuarios.
Según pasajeros consultados, la cancelación de la ruta Concepción-Chillán que realiza Línea Azul no causará trastornos, pues hay 10 empresas más. El problema, aseguran, es con los demás servicios. “Yo vivo en Parral y estudio en Chillán, viajo todos los días en Línea Azul, porque es la única empresa que me sirve. Si se termina, voy a tener que buscar alguna alternativa”, dijo Lissette Villena, estudiante de la U. del Biobío, sede Chillán.
Fiscalía pide congelar propiedades de dueño de Línea azul y sus cuentas bancarias, mientras OS9 amplía investigación a plantas de revisión técnica
El fiscal Javier von Bischoffshausen solicitó a la justicia congelar prácticamente todos los bienes pertenecientes al socio y representante legal de Línea Azul, Marcelo Hernández Sandoval, quien tras ser formalizado permanece en el Centro Penitenciario de Rancagua, por el accidente que protagonizó la madrugada del lunes 29 de julio uno de los buses de su empresa, dejando seis personas fallecidas y 46 lesionadas, a la altura del casino Monticello, en San Francisco de Mostazal.
Con ello, el investigador busca asegurar que el empresario pueda responder a las eventuales demandas indemnizatorias que pudieran presentar las familias de las víctimas, recordando —en su escrito— que “el artículo 78 del mismo código (Procesal Penal) establece que será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos, y esta protección se refiere a todos los ámbitos, protección, indemnidad y también en el área económica”.
Pide así que el empresario no pueda celebrar actos y contratos respecto de tres propiedades: una en Chillán y dos en Coihueco. Y lo mismo respecto de su participación en 18 sociedades, advirtiéndose que las utilidades que le correspondan de las mismas sean retenidas.
También se solicita congelar sus saldos en las cuentas corrientes o productos bancarios que mantiene a su nombre en seis bancos. Idéntica medida se requiere al tribunal en relación con 18 vehículos, incluidos 15 buses, un Jeep Cherokee, una camioneta Mitsubishi Katana, un Audi A6, más una moto Honda Lead.
El juez de garantía Rubén Donoso se pronunció sobre la petición, pero solicitó al fiscal acompañar alguna documentación extra para la correcta individualización de los bienes a congelar, al tiempo que le recordó que la retención de los vehículos ya se había decretado y solo restaba oficiar al Registro Civil, lo que se dispuso el lunes último.
Paralelamente, el OS9 de Carabineros encabeza diligencias en por la falsificación de permisos de circulación y se ampliaron las pesquisas a las plantas de revisión técnica.
Dos casos más de buses con permisos de circulación falsos en Concepción
Ahora, cinco días antes del accidente en San Francisco de Mostazal, el 24 de julio recién pasado, personal de Carabineros controló otros dos buses de Línea Azul, detectándose que sus permisos de circulación eran falsos o estaban incompletos.
Primero, a las 14:15, funcionarios policiales fueron informados por personal del Ministerio de Transportes que el bus placa patente HKGD-96 de la empresa Línea Azul tenía un permiso de circulación expedido por la Municipalidad de La Florida, de la ciudad de Santiago, al que “le faltaban antecedentes”.
Una hora más tarde en el terminal de buses Collao, de Concepción, el bus —también de Línea Azul— patente HKDG-97 estaba en la misma situación. Su permiso de circulación, supuestamente del mismo municipio, no existía en los registros de La Florida.
El vehículo fue trasladado al corral municipal penquista y allí se encuentra, de acuerdo a lo confirmado a este diario. Sobre el fiscalizado en Los Ángeles, se dijo que no se había recibido ningún bus entre el 24 de julio y ayer.
La fiscalía local dispuso, según registra en los partes policiales, que los conductores quedaran en espera de citación y se ordenó la remisión de los permisos de circulación al Laboratorio de Carabineros para que fueran periciados.Consultada la Fiscalía del Biobío por el avances de estas investigaciones respondió que están abiertas, sin entregar mayores antecedentes.