Dos grupos distintos de alumnos agreden en pocos días a profesoras y funcionarias de dos liceos, primero en Concepción y después en Santiago. En ambos casos, los tribunales nos sorprenden, tratándolos benignamente.

Pero no son las resoluciones judiciales que han recaído en los sujetos de esas acciones las que deben centrar el debate en las respectivas comunidades educativas, en las autoridades educacionales y en la opinión pública. Hay otras dimensiones que son mucho más relevantes que lo que los jueces puedan decidir respecto de estos vándalos, por insólitas que hayan sido esas resoluciones.

En primer lugar, lo que hay que preguntarse es a qué grupos pertenecen estos individuos. Nadie puede razonablemente pensar que sean solo unos vínculos de amistad —y de enemistad grosera contra las mujeres agredidas— los que han generado la asociación criminal de esos sujetos enfundados en uniformes escolares. La experiencia que todos los educadores tenemos es que detrás de esos grupetes hay organizaciones políticas —o eso pretenden ser— que los reclutan, los deforman, los financian y después los protegen, saliendo en su defensa judicial. El hecho mismo de que en uno de los casos haya exalumnos en asociación con estudiantes reafirma esa percepción.

Pero, para sorpresa general, no parece ser esa afiliación cuestión que interese a los comunicadores que cubren la noticia. Por ahora, casi nada sabemos de quiénes son esos sujetos: ¿Frenteamplistas, nazis, anarquistas, comunistas, miembros de una secta nacionalista? Se trata, además, de dos acciones de machos contra féminas, pero el movimiento feminista apenas reacciona, casi no se oyen lamentos ni protestas. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común con estos tipejos las tan ágiles protestatarias, como para que no haya habido múltiples tomas y funas contra la acción de los jovenzuelos?

Una segunda obvia consideración nos debe llevar a preguntarnos por las vidas familiares de estos sujetos. ¿Con quiénes viven? ¿Hay padres y madres responsables? ¿Fueron sus apoderados oportunamente advertidos del curso que tomaban las vidas de estos jóvenes agresores? (la violencia nunca aparece de repente: siempre hay sismos previos, una que otra fumarola que anuncia erupción). ¿Cómo reaccionaron ante esa advertencia?

Y en tercer lugar hay que preguntarse cómo continuará la vida de sujetos tan viles, una vez que hayan logrado sortear este trance. Todos sabemos que no irán a parar a la delincuencia común o al narcotráfico; todos sabemos que lo suyo será —por los próximos 5 a 7 años— el activismo en la institución de educación superior a la que logren entrar. Los hábitos perversos a los que se acostumbraron en su etapa escolar —ya sean tipos listos o simplemente unos patanes mononeuronales— difícilmente los abandonarán cuando engrosen la matrícula en alguna universidad, IP o CFT. Pero ¿no puede impedirse el ingreso a la educación superior a quienes reciban algún tipo de sanción por sus comportamientos brutales contra educadores en su etapa escolar? “No, qué terrible, pobrecitos, arruinarles así la vida, qué maldad”.

Mientras no se conozca la verdad y no se fijen criterios sobre estas cuestiones, todo el cacareo sobre el fortalecimiento de la educación pública que llena las bocas de tantos izquierdistas es demagogia pura.

Los jóvenes, escribió Dostoievski, son escépticos, implacables, dados a la abstracción. No olvidaré nunca el estado de destrucción al que algunos alumnos habían sometido al Liceo de Aplicación, recién refaccionado después del terremoto de 2010; y el Instituto Nacional y el Barros Arana, y…

Ahora, mucho peor, la maldades directamente contra las personas.