En las últimas semanas, la opinión pública conoció las numerosas conversaciones entre el Ejecutivo -con participación incluso del Presidente- y legisladores y dirigentes de la oposición. Se trató en esencia de una discusión "prelegislativa", proceso novedoso que surgiera porque la mayoría parlamentaria opositora amenazó con negarse a discutir los cambios a la legislación tributaria vigente propuestos por el Ejecutivo, sin la introducción previa de ciertas modificaciones.

Esta actitud no solo es novedosa, sino que además resulta paradójica. El Congreso es elegido precisamente como ámbito de debate, para la posterior modificación, aprobación o rechazo de las iniciativas de interés ciudadano y que son materia de ley. No es posible debatir cualquier propuesta, pero un proyecto del Ejecutivo que es de su iniciativa exclusiva y que formó parte del programa electoral de un gobierno elegido por amplia mayoría merecía más respeto por parte de los parlamentarios. No se trata de un desaire al Poder Ejecutivo, sino a la mayoría del país que lo eligió.

Durante este proceso prelegislativo, el proyecto que ya había sido moderado supuestamente para que tuviera mayor aceptación en el Congreso, se temperó aún más. El programa de gobierno consideraba una disminución de la tasa del impuesto de primera categoría para favorecer la inversión y el empleo que no fue incorporada en la propuesta original enviada al Parlamento. Pero, además, durante el transcurso de estas conversaciones, el propio Ejecutivo planteó una serie de variantes que aumentarán la carga de los ciudadanos. Finalmente, luego de un proceso tormentoso, la comisión de Hacienda de la Cámara ha aceptado discutir la propuesta. Queda claro que se trata de una versión diferente de la originalmente planteada y está por verse qué es lo que resulta del proceso que recién se inicia.

No es un capricho que el actual Gobierno incluyera cambios tributarios en su programa. La segunda gestión de la señora Bachelet decidió llevar adelante un programa ideológico que buscaba acrecentar el poder de los políticos y burócratas, a costa del ciudadano, y a los emprendedores e innovadores se les estranguló con cargas y regulaciones. Mayor protección del contribuyente, claridad, menor discrecionalidad en las normas tributarias vigentes y una carga menos onerosa sobre los ciudadanos son aspectos indispensables, aunque no únicos, para volver a acelerar el progreso.

La ronda de conversaciones con la oposición mayoritaria sirvió para ratificar la raíz del actual estancamiento: una ideología vieja, histórica y geográficamente probada como equivocada hasta la saciedad.

Los parlamentarios opositores que participaron en las conversaciones prelegislativas evocaron diversos perfiles: desde aquellos con una imagen tradicional, hasta quienes se mostraron con una estudiada apariencia juvenil y colorida, pero todos coincidieron en su obsesión por un Fisco con más recursos a disposición de la burocracia. Nadie señaló alguna preocupación sobre la necesidad de que los ciudadanos creen la riqueza antes de ser gastada por el Fisco. De colocárseles en un callejón sin salida, ni ellos ni el Fisco tendrán más holgura.

El mayor incremento de la recaudación en la historia reciente de Chile ocurrió precisamente cuando la economía del país creció más, lo que desde luego coincidió con tasas moderadas de impuestos. Es el caso de los primeros siete años de los 90. Es demagógico cerrar los ojos y creer que mayores impuestos a las empresas solo afectan a los ricos. Las empresas no consumen; invierten, emplean e innovan. Más cargas sobre ellas es menos bienestar para todos. Por muy loables que sean las intenciones de los políticos, y suponiendo que a ellas se destinaran efectivamente los ingresos del Gobierno, llegará el momento en que el daño al progreso por las cargas impuestas será mayor que el beneficio buscado. Mientras más urgente sea acelerar el crecimiento, más rápidamente parecería que se alcanza ese límite.

Pero lo que más acapara el imaginario popular son las cifras de riqueza individuales que se tiran al aire. Más de un político en Chile y en el mundo ha utilizado este falaz argumento para corroborar sus propuestas. Parece simple mejorar a algunos extrayéndoles a quienes se estima tienen mucho, pero desafortunadamente este planteamiento esconde desconocimiento o ambiciones de poder.

Jeff Bezos -fundador de Amazon- es sindicado hoy como el hombre más rico del planeta gracias a sus acciones, del orden de 16% de la empresa, que representa US$ 140.000 millones, bastante mayor que el presupuesto anual de Chile. Pero Amazon es una compañía dinámica, que beneficia a cientos de millones de personas y que invierte cifras astronómicas anualmente para seguir atendiéndoles cada vez mejor. Si el gobierno la expropiara, no podría gastar su valor, salvo que estuviera dispuesto a hacerlo por única vez, destruyendo la compañía. Tampoco podría replicar su accionar porque es producto de mentes expertas en la materia que desarrollaron este producto único y que saben cómo administrarlo. Más de algún político entiende el argumento, pero opta por insistir en la apropiación con la esperanza de ser parte de la burocracia controladora del gigante tecnológico. Con certeza ello sellaría la sentencia de muerte de la empresa. La ex esposa de Bezos tiene muy claro el riesgo. Aceptó un 25% de las acciones de su marido como compensación por el desaire amoroso que sufriera recientemente, pero a la par le dio un poder para que siga administrando sus acciones.

Es de esperar que en las discusiones legislativas que comienzan impere un análisis más realista y menos imaginario que el visto hasta la fecha. El país se estancó durante los cuatro años del gobierno anterior; el crecimiento promedio fue un magro 1,8% y la inversión cayó persistentemente. El año pasado se vivió una recuperación, pero está lejos de iniciarse un nuevo período de crecimiento como el que vivimos antes.

Las adecuaciones tributarias son indispensables, pero hay muchos temas adicionales en que avanzar y la urgencia de la tarea es corroborada por los datos recientes: el Imacec de febrero alcanzó apenas el 1,4%. Por su parte, el Banco Central moderó el rango de proyecciones para este año y aunque proyecta la inversión creciendo 6,2% -lo que constituye una luz de esperanza-, recordemos que cayó por cuatro años consecutivos y solo aumentó 4,7% el 2018.

Como ha sido costumbre en los últimos meses, las señales del mundo son mixtas, pero los indicadores recientes de empleo, comercio y el avance de las negociaciones Estados Unidos-China son positivos. El mundo sigue dándole al país una oportunidad, pero esta imposición de negociaciones prelegislativas para acceder a tratar un tema de la esencia del Ejecutivo muestra nuevamente que es la oposición la que se empecina en no aprovecharlas.

Confiemos en que la oportunidad que se acaba de abrir para iniciar esta discusión sea finalmente fructífera para el país.