Señor Director:

Los rectores agrupados en el G9 vemos con preocupación cómo se viene desarrollando la discusión respecto de la gratuidad en la educación superior y los efectos de esta discusión en la opinión pública.

La ley, como señalamos mucho antes de su aprobación, presenta problemas en su diseño. Para efectos de esta discusión: el financiamiento solo de la duración nominal de las carreras y la rebaja del 50% del arancel el primer año de la pérdida de gratuidad, sin financiar este porcentaje a las instituciones.

Estos problemas se han agravado con la decisión del Ejecutivo al establecer que esta última norma se aplica desde este año y no cuando la ley entre en pleno régimen. Esta inesperada decisión, sobre la que se espera un pronunciamiento de la Contraloría, no ha hecho sino que agravar un problema que pudo trabajarse con tranquilidad, buscando la mejor solución a mediano plazo.

Por ello, plantear que la pérdida de la gratuidad es solo responsabilidad de las universidades es desconocer el rol que debe tener la política pública en la calidad de la educación de nuestro país. La graduación oportuna es un indicador que se ve impactado por múltiples factores, entre los que se cuentan la calidad de la educación escolar y la vulnerabilidad de los estudiantes. Al mismo tiempo, es importante reconocer que las instituciones estamos haciendo esfuerzos muy importantes para alcanzar mejores tasas de graduación oportuna, por medio de programas de acompañamiento y reforzamiento, los que no siempre cuentan con apoyo del Estado. Se trata de un problema sistémico que debemos abordar en conjunto para seguir avanzando.

La calidad ha sido el sello distintivo de nuestras universidades, las que promedian 5,7 años de acreditación institucional que otorga la CNA. Tenemos, además, un importante compromiso con la inclusión de estudiantes vulnerables. Nuestros planteles acogieron en el 2018 al 46% de los estudiantes matriculados vía Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, además de otros programas de inclusión, y estudian con gratuidad más de 66 mil alumnos, cifra estimada hasta diciembre de 2018.

Por ello consideramos que a corto plazo se debe resolver el problema del financiamiento de las instituciones, cumpliendo los compromisos que asumieron las instituciones cuando se incorporaron a gratuidad vía glosa. Junto con ello, se deben fortalecer los programas de apoyo y los compromisos de las universidades con la graduación oportuna. A mediano plazo, se requiere de una modificación de la Ley de Educación Superior, que permita resolver las dificultades que hoy presenta en la duración y regulación de la gratuidad. Ello debe ser trabajado en conjunto, pensando en el bien del país y en dar mayores y mejores oportunidades de educación de calidad a los jóvenes. Como G9 manifestamos nuestra disposición y compromiso.

Óscar Galindo V.; Jorge Tabilo Á.;
Diego Durán J.; Ignacio Sánchez D.;
Carlos Saavedra R.; Claudio Elórtegui R.;
Darcy Fuenzalida O.; Christian Schmitz V.;
Aliro Bórquez R.

Rectores del G9