Lamentablemente, este año, 27 mil estudiantes de educación superior perdieron el beneficio de la gratuidad debido a que excedieron la duración formal de sus carreras, lo que implica un déficit de 26 mil millones de pesos para las instituciones adscritas, que deben hacerse cargo de financiar la continuidad de estudios para esos alumnos. Y para el próximo año este déficit podría llegar a 38 mil millones de pesos.

Este es un problema que tiene su origen en la tramitación en el Congreso de la reforma a la educación superior, ya que en ese momento fue imposible modificar el criterio del gobierno anterior, que no atendió las advertencias que hicimos tanto rectores como expertos de distintos sectores y los propios estudiantes. Se hizo caso omiso a las estadísticas que reflejan que, salvo algunas excepciones, en el país los jóvenes demoran un año más en terminar sus carreras.

La pérdida de gratuidad para estos alumnos significa que las universidades deben hacer un esfuerzo adicional para mantener con financiamiento a esos estudiantes, el cual se va a ir resintiendo de forma progresiva. Una realidad equivalente a una "bola de nieve", que en la medida en que vaya creciendo afectará el funcionamiento normal de las instituciones de educación superior involucradas. Más aún, para el caso de las universidades estatales que por años se vieron obligadas a competir sin ningún apoyo y escaso financiamiento en un sistema desregulado que respondía a criterios de mercado, lo anterior representa un severo revés que llega justo cuando se está comenzando a avanzar en su fortalecimiento.

Si bien hoy por hoy la acción del Ministerio de Educación en el ámbito universitario consiste en la implementación de las leyes que dejó aprobadas el gobierno anterior, no puede ignorar lo que está sucediendo con la pérdida de gratuidad de miles de estudiantes. Y aunque -según lo que hemos visto- la mirada del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin lugar a dudas, apunta con particular énfasis a la educación escolar y preescolar, donde no podemos desconocer que hay enormes carencias, es esperable que lo que se aprobó en el Congreso se implemente de forma adecuada y que exista la capacidad de enmendar aquellas situaciones que no quedaron bien establecidas debido a la premura con que se legisló.

La solución a este problema pasa por ampliar la cobertura del financiamiento estatal para que la gratuidad cubra la duración nominal de la carrera y un año extra. Con eso debería ser suficiente, porque no sería adecuado extender más este aporte, ya que se debe propiciar que los estudiantes tengan conciencia de que hay un esfuerzo por financiar sus estudios.

Inquieta y decepciona profundamente que a la fecha las autoridades se muestren insensibles para entender y atender un tema de suma urgencia. Ni el país y menos aún nuestras autoridades pueden desentenderse de esta realidad, por lo cual insto al Gobierno a que se abra a discutir una solución que permita tanto a las instituciones como a los estudiantes provenientes de los segmentos más vulnerables de la sociedad -principales afectados por este problema- poder completar su misión educativa y formación sin que para ello deban hipotecar su futuro.

Álvaro Rojas
Rector de la Universidad de Talca