Cada vez mayores exigencias por una mejor convivencia ciudadana han incidido en la dictación de numerosas normas que pretenden regular las relaciones vecinales en los más diversos ámbitos. Leyes y ordenanzas se han multiplicado, sobrecargando la labor de los inspectores municipales en la vía pública, cuyo rol fiscalizador se ve dificultado ante la diversidad de aspectos a supervigilar, lo que amenaza con transformar en letra muerta normativas que las autoridades edilicias muchas veces promueven aduciendo que responden a las demandas de los vecinos.

En efecto, junto con la fiscalización del cumplimiento de leyes generales como -entre otras regulaciones- la del tránsito, la tenencia responsable de mascotas, la prohibición del uso de bolsas plásticas y, a futuro, el cuidado de los árboles si la norma respectiva se aprueba, los inspectores municipales deben velar por la observancia de aquellas ordenanzas propias de cada comuna. En el caso de Santiago, los fiscalizadores tienen que controlar el cumplimiento de alrededor de 60 ordenanzas, que se relacionan con ámbitos tan diversos como el cuidado de obras y espacios patrimoniales, la reducción del comercio ambulante, la prevención de incendios en sitios eriazos y la locación de artistas callejeros. Otras comunas de la capital cuentan con más de 20 ordenanzas, las que abarcan desde la sanción al piropo, hasta la prohibición de fumar en parques y plazas, cuyas infracciones implican altas multas.

Para los alcaldes, los principales requerimientos de supervisión derivan de las iniciativas provenientes del Ejecutivo, resultando en una sobrecarga en el rol fiscalizador edilicio, el que suele ser deficiente debido a la escasez de recursos, especialmente en comunas de escasos ingresos. Se pone como ejemplo la "Ley Cholito", recientemente promulgada, que implica controlar a las mascotas, agregando una nueva tarea al personal existente.

Las exigencias de la ciudadanía en torno a las relaciones comunitarias requieren de regulaciones que se traduzcan en deberes y derechos de los ciudadanos, de manera de propiciar una mejor calidad de vida. Sin embargo, la tendencia a regularizar amplios y diversos aspectos de la convivencia no solo puede afectar las opciones que libremente tome el ciudadano en su vida cotidiana, sino que también dificulta poner el necesario énfasis en aquellos ámbitos más sensibles, como la seguridad.

La eficacia de la norma se relaciona directamente con la capacidad que tenga la autoridad para fiscalizar su cumplimiento. Sin los recursos necesarios, parece complejo que las normativas vigentes tengan el efecto esperado de cambiar conductas y fortalecer la convivencia ciudadana.