Gonzalo Vial solía enseñar que Chile, entre 1925 y 1973, había tenido un Estado neutral de principios. Lo concretaba en dos dimensiones. Por una parte -decía- en ese período todos los sectores llegaron a ser gobierno: conservadores, liberales, radicales, agrario-laboristas, democratacristianos, socialistas y comunistas; y por otra -afirmaba-, durante esos años se pudo legislar en todos los sentidos y direcciones, siempre que la ley se ajustara simplemente a la forma prescrita por la Constitución. Por cierto, a una Constitución neutral de principios.

Eso cambió notablemente el 11 de marzo de 1974, hace exactamente 45 años, cuando se dio a conocer la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, firmada por la Junta de Gobierno, encabezada por su presidente, Augusto Pinochet.

Después del Bando Nº 5 -el texto doctrinario que fundamenta el 11 de septiembre de 1973-, la Declaración de Principios es el documento más importante de la primerísima etapa del gobierno militar y una de la razones por las cuales debe considerarse tanto independentista como fundacional lo que comenzó a realizarse en torno a esas fechas.

Independentista, porque liberó a Chile de la atadura multiforme con que lo envolvían el gobierno de Allende, los partidos de la UP y sus socios internacionales (Venezuela, ya llegará tu hora de liberación), y, sobre todo, fundacional, porque rompió con una neutralidad de principios que no había hecho más que favorecer a ideologías militantes y a gobernantes audaces.

Redactar una declaración de principios -en la que hubo varias manos, entre ellas muy significativamente la de Jaime Guzmán- implicaba dos cosas importantísimas: primero, atenerse a esa matriz para ser desde ella objeto de escrutinio constante y de análisis histórico posterior y, segundo, volcar a continuación esos principios en normas constitucionales, tal como se lo hizo.

El Capítulo II de la Declaración -su núcleo- es de tal densidad conceptual y práctica que sigue sacando roncha y provocando berrinches. O sea, apuntó al centro de las cuestiones que una sociedad tiene que decidir. O se está vitalmente a favor de lo que ahí se afirma o se está radicalmente en contra; es una divisoria de las aguas: si se cruza la línea de un lado al otro, no hay tierra de nadie. Son Principios; más atrás, más abajo, no hay otra cosa.

Se lee: "El hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado; el Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés; el fin del Estado es el Bien común general; el Bien común exige respetar el principio de subsidiariedad... que supone la aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico". Y en el Capítulo III se afirma: "La familia, la mujer y la juventud, pilares de la Reconstrucción nacional".

¿Quedan todavía carcamales que procuran darles valor práctico a tan "añejas y ridículas" formulaciones? Por supuesto.

Esa enorme masa de chilenos y chilenas de todas las edades que funciona con criterios de sentido común -¿a veces nos preguntan: ¿qué es eso? Ahora ya lo saben- apoya su vida justamente en esos principios. Y los defiende, y sabe que están consagrados en gran medida en la Constitución y, mucho más importante, estiman que le han servido a Chile para renacer y consolidarse desde hace 45 años.

Por eso, había que demoler la Constitución (Nueva Mayoría); por eso hay que deshacer las instituciones (Frente Amplio); por eso hay que aguar las propias propuestas alejándose de esos fundamentos (centroderecha). Porque hubo y sigue habiendo unos Principios.

Ahora los llaman relato, pero esa palabreja no logra alejarse de lo efímero y de lo accidental.