Cuando en las próximas instancias judiciales se fallen los recursos por el caso Frei Montalva, los tribunales de la República habrán pasado por un gran examen respecto de su idoneidad.

No solo tendrán que resolver las peticiones de las partes, sino que enfrentarán el escrutinio de la opinión pública nacional. Como pocas veces antes, lo que resuelvan sobre el fallo del juez Madrid incidirá en el modo en que los chilenos juzguen su actuación. Porque los tribunales también son sometidos a juicio y no hay encuesta reciente que los apruebe.

Ahora, obligados a hacerse cargo de una sentencia que ha sumido en la perplejidad a gran parte de los sectores pensantes, tendrán que actuar con especial tino y con particular fortaleza.

Dos son las grandes cuestiones con las que les tocará lidiar.

Por una parte, su independencia.

No cabe duda de que, en medida muy importante, las críticas a la resolución del juez Madrid se han expresado en esa dimensión. Algunos lo han dicho abiertamente y otros lo han reconocido, con la cabeza gacha y en sordina: la sentencia revela una clara inclinación a lo políticamente correcto, a los signos de los tiempos, a la marea que hoy conduce a la historia. Mucho más que un fallo mal fundamentado, mal argumentado y mal redactado, lo que se huele es la rendición ante una determinada tesis, porque eso -se ha supuesto- dejaría contento a un sector que clama por venganzas, aun a costa de la justicia.

Ese es justamente el pan de hoy que las instancias judiciales próximas tienen que demostrar que no tenía más destino que devenir en hambre para mañana. El descrédito de la falta de independencia, el desprestigio de la sumisión a las presiones del minuto no da de comer a los tribunales; al contrario, los intoxica.

Solo si las nuevas sentencias -hasta llegar a la definitiva- se emiten a partir de los hechos efectivamente comprobados, se podrá demostrar que la independencia judicial sigue siendo un bien apreciado, en primer lugar, por los propios tribunales; un bien de gran magnitud e intransable.

Una segunda cuestión se presenta también como asunto de notable importancia. Es la reafirmación por parte de los tribunales de que sus sentencias no constituyen sino verdades judiciales y que, por lo tanto, lo que no queda fehacientemente establecido en el proceso, sigue abierto al escrutinio de la historia. El punto es crucial, porque en estas semanas estivales se ha argumentado desde variadas tribunas -¡vaya incoherencia!- que hay un contexto histórico que permite respaldar la tesis del asesinato.

Dos materias muy graves están implicadas en esa sugerencia (que de paso viene a decirle al juez Madrid: aunque usted no ha logrado probar nada, no se preocupe, la "historia" lo respalda). En primer lugar, que solo le corresponda a la izquierda invocar los tan debatidos "contextos", es decir, que toda apelación a la comprensión histórica dentro de secuencias causales, pero que provenga de la vereda derechista, deba ser desechada, mientras que el uso de los contextos para condenar a la presidencia Pinochet sí que se justifica. "No está probado que haya sucedido, pero es obvio que sucedió, porque en otros casos... sucedió". Una falacia total.

Y, en segundo lugar, que los historiadores quedan -quedamos- por completo inhabilitados cuando un juez se arroga la capacidad de interpretar el pasado mucho más allá de las piezas procesales. En este sentido, una de las cosas más importantes que los tribunales de las instancias próximas deberán afirmar es justamente esta verdad: "Nosotros somos jueces, no historiadores; no confundamos los planos".

Lo que está pendiente, por lo tanto, es esto, muy simple y muy serio: cada uno en lo suyo.