Hace bien el Gobierno en abrir la discusión sobre indemnizaciones por años de servicio. Y hace mal la oposición al negarse a discutir el tema. El informe de la mesa técnica convocada por el Gobierno, compuesta por expertos de diferentes sensibilidades, tiene propuestas sensatas en varias áreas. Y en este punto es categórico: el sistema es problemático.
La estructura actual es ineficiente e injusta.
Como está ampliamente documentado, los costos de despido en Chile son altos. Y más que constituir una fuente de protección para los trabajadores, ello termina transformándose en un desincentivo a contratar, o por lo menos, lleva a establecer muchos contratos a plazo fijo o de menos de un año, donde el sistema no aplica. Ello es ineficiente, porque las relaciones laborales de mayor plazo permiten la acumulación de capital humano. E injusto, porque los que quedan desprotegidos son los jóvenes de escasos recursos, que son los que necesitan más oportunidades.
Pero hay más. Para aquellos trabajadores formales con contratos de largo plazo o indefinidos, la indemnización se aplica cuando existe un despido por necesidades de la empresa. En otras palabras, si el trabajador se cambia voluntariamente de trabajo, no recibe nada. Se podrá argumentar que se busca proteger exactamente los despidos y no los cambios voluntarios, pero el sistema en la actualidad genera distorsiones que son ineficientes e injustas.
La ineficiencia se produce porque la búsqueda de alternativas de trabajo se ve limitada para los trabajadores buenos y responsables, que son la gran mayoría, por el miedo a perder la opción de una indemnización. Ello disminuye sus posibilidades de desarrollo profesional. En cambio, los que se esfuerzan poco y son conflictivos, que son los menos y no tienen otra opción laboral, están doblemente protegidos. Protegidos por la indemnización, y protegidos por una industria de abogados dedicada a buscar pleitos y demandar a los empleadores ante la Dirección del Trabajo. Esto es injusto.
Un sistema equitativo y parejo entre trabajadores, sin importar la causa del término de la relación laboral, corregirá estos problemas. Una indemnización a todo evento -que en la práctica es una retención hasta que se termine la relación laboral por cualquier causa- permite ampliar los grados de protección y, al mismo tiempo, elimina las asimetrías en contra de los jóvenes de menores recursos y de los buenos trabajadores.
No hay balas de plata para aumentar la capacidad de crecimiento de la economía. Pero sí hay requisitos mínimos, sin los cuales la tarea es muy difícil. Un mejor funcionamiento del mercado laboral es uno de ellos.