Me encontraba de vacaciones en Maintencillo, siempre conectado leyendo la prensa diaria, cuando en mi celular apareció un video en que el periodista Tomás Mosciatti realizaba la siguiente denuncia: Mosciatti sostenía que el gobierno había mandado al Parlamento una prórroga por 20 años del decreto ley 701 creado por la dictadura en octubre de 1974 y que permite una bonificación sustantiva por la plantación de recursos forestales. Explicaba además que dicho subsidio ha beneficiado particularmente a los imperios forestales de las familias Matte y Angelini.

Al escuchar al periodista me interrogué habiendo estado ocho años en La Moneda en distintos cargos ¿Por qué nunca hasta el gobierno de Bachelet 2 se modificó en parte dicho privilegio? Parece impresentable que se quiera seguir subsidiando por 20 años más a dos de los grupos económicos más importantes del país.

Pero esto me llevó a otra reflexión propia de la tranquilidad del verano ¿Qué nos pasó, por qué no rectificamos estos abusos? Respuestas múltiples pero lo concreto es que de acuerdo con este mismo diario, hace algunos años, se contabilizó este subsidio a través de décadas y alcanzaba a US$ 1.800 millones de dólares. Esta cifra representa el 80% del actual gasto fiscal en el pilar solidario que alcanza a más de 2.000 millones de dólares al año. Cuento corto, el decreto ley 701, mantenerlo vigente y proyectarlo es indecente.

Pero junto con este decreto ley recordé otras políticas públicas que son altamente cuestionables por su injusticia y regresividad. Me refiero por ejemplo a la renta presunta creada originalmente para ayudar al pequeño agricultor, al pequeño minero y al pequeño transportista cuyo costo fiscal actual alcanza a US$ 300 millones al año. La mejor economista del año 2018, Andrea Repetto, junto a Claudio Agostini, demostró en un documento de trabajo que el 90% de ese subsidio fiscal lo captura el 10% de mayores ingresos. Cuento corto, otra indecencia. Para seguir comparando peras con peras este gasto fiscal permitiría reajustar en un 14% el actual pilar solidario.

Pero también me vino a la memoria inmediata una reciente ley aprobada en el Parlamento por la cual se subsidia a los transportistas terrestres por US$ 184 millones anuales, esto producto que se les devuelve escaladamente hasta el 80% de su gasto en combustible al pequeño transportista y hasta un 25% de su costo en combustible al gran transportista. En otras palabras y producto de su presión, que implica paralizar el país, todos los chilenos financiamos este subsidio. Cabe agregar que este es un subsidio sobre otro subsidio dado que el transporte terrestre usa preferentemente diésel, cuyo impuesto específico es un 75% más barato que el resto de los combustibles.

Leyendo la prensa estos días salió un informe de la Dirección de Presupuestos sobre el denominado gasto tributario, en palabras sencillas, lo que el Estado deja de percibir de impuestos por las denominadas exenciones tributarias, es decir, tributos que no se pagan aunque debieran pagarse. Estimado lector, la cifra que le voy a mencionar no es un error de tipografía, alcanza a US$ 10.000 millones anuales. Pero además ese mismo estudio sostiene que el 73% de esa cifra beneficia a empresas y personas que declaran impuesto a la renta, considerando que solo el 20% de las personas en Chile pagamos impuesto a la renta, no hay que ser economista para darse cuenta de otro enorme subsidio al quintil de mayores ingresos, quiere decir que esta cifra representa 1.25 veces la reforma tributaria proyectada por Bachelet 2 que pretendía recaudar, aunque no se logró, 3 puntos del PIB, es decir, US$ 8.000 millones en regir.

Si a todo lo anterior le agrego el tema de los notarios en que llevamos años en el Parlamento tratando de modificar el funcionamiento de este servicio, liberando a millones de ciudadanos de trámites inapropiados y que además les genera renta a los notarios, otro botón de muestra de una indecencia. Cuando este gobierno trata de impulsar las modificaciones al sistema notarial el ministro de justicia Hernán Larraín exclama que está en presencia del lobby más grande que ha visto tendiente a mantener dichos privilegios.

Cuando todo lo anterior ocurre y los 20 años de Concertación más los 4 años de la Nueva Mayoría, de la que fui parte activa, no cambiamos estos abusos, entre otros, esto en mi opinión explica que la mitad de los chilenos no vote porque perdió toda confianza en nosotros los dirigentes políticos al haber tolerado todas estas indecencias.