Chile es una de las democracias más centralizadas del mundo. Según datos de la OCDE, nuestro país tiene uno de los niveles de gasto subnacional más bajos de la organización. Con la elección de gobernadores regionales, estamos ad portas de dar un paso importante en el proceso de descentralización. Esto, sin embargo, no significa que cualquier tipo de descentralización sea positivo. Lamentablemente, las recientes reformas solo delegan algunas funciones de los actuales intendentes en gobernadores electos y crean incentivos para que las autoridades subnacionales respondan más a las preferencias de otros niveles de gobierno que a la ciudadanía local. Con lo que viene, hay riesgo de más clientelismo y uso político-táctico de los recursos públicos, y apenas se aprovechan los beneficios potenciales de la descentralización.

El primer inconveniente es que el gobierno central mantiene el control de las políticas más importantes, dejando a los futuros gobernadores con escasas atribuciones. Los gobiernos regionales, a diferencia del nivel central y municipal, no proveerán mayores bienes públicos a los ciudadanos. Su rol fundamental será la asignación territorial de la inversión pública. Esto convertirá a los gobernadores en actores con pocas atribuciones ejecutivas, pero relevantes en la política distributiva que legitima a congresistas y alcaldes con sus bases, por lo que su reelección dependerá más de sus capacidades de extraer y repartir recursos a los municipios que de la provisión directa de servicios públicos. Así, es probable que gobernadores y congresistas presionen conjuntamente al gobierno central por mayores recursos, lo que profundizará el aspecto clientelar y transaccional de la política legislativa.

El segundo problema es la ausencia de una ley de descentralización fiscal. Actualmente, algunas transferencias que financian el presupuesto regional no tienen fórmulas explícitas de distribución y, por tanto, serán utilizadas por La Moneda para disciplinar a gobernadores opositores. Algunas propuestas que promueven la autonomía fiscal de las regiones, a través de impuestos regionales o del aumento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, resuelven el problema de discrecionalidad entre el gobierno central y regional, pero no entre este último y los municipios. Esta situación es particularmente delicada porque en la normativa actual, al no existir fórmulas de asignación a los municipios, los gobernadores podrán castigar a alcaldes que amenacen su reelección.

En el escenario actual urge una buena ley de rentas regionales que asegure un financiamiento adecuado y transparente de los gobiernos regionales y, al mismo tiempo, limite la discrecionalidad de la distribución de los fondos a los municipios. Las regiones necesitan competencias efectivas y recursos para financiar grandes proyectos de infraestructura intercomunal, pero no deben ser intermediarias de la inversión municipal. Las comunas requieren un esquema de inversión propio que les garantice independencia del nivel central y regional. La evidencia comparada muestra que cuando la descentralización concentra las decisiones de transferencias fiscales, estas se politizan en exceso dejando a regiones y municipios controlados por la oposición con menores recursos. Cuando esto sucede, los costos de la descentralización son mayores que sus beneficios.

Diego Díaz Rioseco
Escuela de Gobierno UC