En los últimos días, el país se ha visto nuevamente discutiendo sobre educación. Desde las dificultades de la gratuidad al debate sobre la admisión y el ensimismamiento de las opciones educativas de la élite, la justicia y democracia de nuestra educación vuelven a estar en el centro de la deliberación pública.

A pesar del encono con que se presenta a veces esta discusión, recuperar el debate sobre educación es, ante todo, una oportunidad. Si nuestro país piensa alcanzar un desarrollo integral en las próximas décadas, resulta fundamental forjar un amplio acuerdo social sobre la educación. A pesar de los avances en distintos tópicos, este acuerdo sigue pendiente. Por eso la sociedad, con sus diversas energías, plantea una vez más el punto.

Como ocurre en casi la totalidad de las experiencias democráticas modernas, la base para el desarrollo está en la construcción de una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, desde la sala cuna a la universidad. Una educación pública que sea el espacio mayoritario de encuentro para la ciudadanía, donde la condición socioeconómica no sea escollo para el pleno desarrollo de las potencialidades colectivas e individuales. Una educación pública plural, que abra a las nuevas generaciones a los valores de igualdad, diversidad y respeto que las reivindicaciones feministas han planteado. Una educación pública abierta, que supere antiguos centralismos, siendo porosa a los ciudadanos y a la sociedad civil, y que promueva más libertad e igualdad sin que ningún principio se realice a costa del otro. Una educación pública con un financiamiento adecuado, que no genere deuda ni dificultades crónicas para su funcionamiento.

La reforma anterior construyó modificaciones institucionales que pueden ser un punto de partida para un proyecto así. No podemos retroceder a la situación previa. Pero como el mismo debate sobre educación ha demostrado en estos días, la tarea no está completa. Urge transformar el actual debate en una deliberación de mayor alcance, construyendo un acuerdo social y político transversal, que permita la edificación de instituciones y políticas de largo aliento, unas que no se alteren en lo esencial por la sucesión de diferentes gobiernos. En este horizonte caben exigencias de un mayor estándar democrático para toda la educación -incluida aquella que no recibe aportes públicos-, pero lo esencial es la construcción de un sistema articulado de educación pública, en diálogo y coordinación con la educación particular que es aporte al país y que no funciona bajo preceptos de mercado.

La sociedad chilena demanda mayor apertura a sus diferentes representantes políticos, estén en el gobierno o en la oposición. Un tema de esta relevancia no puede suponer la primacía de intereses partidistas, y en una hora en que las instituciones públicas son sometidas a mayores exigencias por una ciudadanía cada vez más crítica, tomar con seriedad la discusión educativa resulta también una oportunidad para recomponer el agrietado vínculo entre política y sociedad. Es la hora de un diálogo amplio y plural entonces, que transforme las energías vertidas en la discusión, en la educación pública que el país se merece.

Aldo Valle
Rector Universidad de Valparaíso

Alejandra Falabella
Académica Universidad Alberto Hurtado

Beatrice Ávalos
Académica Universidad de Chile