Si Sebastián Piñera logra solucionar el problema de las pensiones, pasará a la historia como un gran Presidente. Si no lo hace, los recuerdos de su presidencia se esfumarán poco a poco, sin dejar mayores huellas. Esto no significa que no haya otras urgencias en el país -desde luego que las hay, incluyendo La Araucanía-, pero nada es tan importante como el tema de las pensiones. Es un área en crisis.

Desafortunadamente, el proyecto enviado al Congreso el 29 de octubre es insuficiente. Contiene buenas intenciones, un diagnóstico adecuado e incorpora correcciones que debieran haberse hecho hace años. Pero no ataca los problemas de fondo ni provee soluciones duraderas. Es un proyecto "a medias".

Los chilenos no dedican suficientes fondos para solventar sus años de vejez, años durante los que no trabajan. El sistema actual fue diseñado cuando la esperanza de vida (al nacer) era de 67,4 años para los hombres y 74 años para las mujeres. Hoy esos números son 78 y 84 años. Y como no se han alterado los parámetros básicos -tasa de contribución y edad de jubilación-, la misma cantidad de dinero debe financiar un mayor número de años de pensión (10 años, lo que no es trivial).

No hay que ser un genio para entender que si uno debe distribuir una cantidad fija durante un mayor número de años, lo que le corresponde como pensión cada año será más bajo. Es importante notar que la mayor esperanza de vida afecta en la misma forma a sistemas de capitalización y a sistemas de reparto.

La respuesta a este problema es, en principio, sencilla: hay que aumentar las contribuciones y/o la edad de jubilación. Solo de esa manera las pensiones van a aumentar.

El proyecto hace lo primero, pero no lo segundo.

Pero el aumento de la tasa al 14% es insuficiente. Lo correcto sería subir, gradualmente, la tasa de contribución al 19 o 20 por ciento, cifra que corresponde al promedio de la OCDE. Esto es lo requerido para que una persona con un muy buen perfil de empleo logre una pensión de alrededor del 75% de su renta antes de jubilar.

Estas nuevas contribuciones debieran ser a cargo del empleador. Además, deben ir en su totalidad a las cuentas de ahorro individuales. Pero muchas personas aborrecen a las AFP, y no quieren darles más dinero. ¿Qué hacemos? La solución también es simple: permitir la entrada de nuevos administradores, en igualdad de condiciones.

El proyecto gubernamental provee incentivos para retrasar la edad de jubilación. La intención es la correcta, pero es una medida tímida, que no toma al toro por las astas. Dada la realidad demográfica, es de esencia retrasar la edad de jubilación, tal como lo han hecho muchos países de la OCDE. He aquí una propuesta concreta: determinar ahora mismo un calendario que aumente en forma gradual la edad mínima en cuatro años, tanto para hombres como para mujeres. Esto es menos de la mitad del aumento de la esperanza de vida desde 1980.

Pero retrasar la edad de jubilación en cuatro años tampoco es suficiente. Para que esta sea una reforma duradera hay que dar un paso adicional: amarrar la edad de jubilación a la esperanza de vida, algo que se ha hecho, por ejemplo, en Dinamarca. Si los chilenos viven más años, entonces la edad de jubilación sube automáticamente. Este método asegura que el sistema siempre financia un mismo número de años de descanso.

Pero aún falta lo más importante. Resolver el tema de las "lagunas de contribuciones". La nueva normativa que obliga a cotizar a quienes trabajan a honorarios es positiva, pero es, otra vez, insuficiente. Deja fuera a grandes masas de "informales". Son estas las personas más vulnerables, las que más problemas tienen durante la vejez. Hay un sinnúmero de mecanismos que se pueden usar para capturar esas contribuciones. Lo importante es hacerlo con determinación, propósito y coraje político.

Dos cuestiones adicionales a considerar: primero, terminar con las fuerzas de ventas de las AFP. Se permite publicidad y seminarios, pero no vendedores, quienes han sido la fuente de enormes problemas y engaños. Segundo, permitir a aquellas personas con un fondo acumulado pequeño, y que tienen otras fuentes de ingreso (pensión de la esposa, un departamento de renta), retirar la totalidad de su fondo. ¿Qué sentido tiene darles una pensión de 80 mil pesos?

¿Y el Pilar Solidario? Aquí, el gobierno se ha movido en la dirección correcta, al hacer cambios que apoyan a los más desvalidos, a la clase media y a las mujeres. Estos aumentos en la pensión solidaria deben ser financiados con ingresos generales. Vale decir, con impuestos pagados por personas y empresas. Esa es la verdadera solidaridad que los chilenos exigen.