La inversión es una de las variables más importantes para recuperar el dinamismo de la economía chilena. Ella impacta directamente en el aumento de la producción de bienes y servicios hacia el futuro, y su presencia constituye una señal de confianza de los agentes, que retroalimenta virtuosamente el proceso. Las dificultades burocráticas que enfrentan los inversionistas para conseguir los permisos necesarios para implementar sus planes no solo frustran esos esfuerzos, sino que deterioran la disposición a seguir haciéndolos, y, en cualquier caso, retrasan el proceso inversor, postergando los beneficios empresariales y sociales que de él se derivan.

En un estudio efectuado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) -creada en 2015 bajo el anterior gobierno-, titulado "Revisión regulatoria en sectores estratégicos", se identificó que hay unos 400 trámites que un proyecto de inversión podría requerir como "permisos únicos", los que, a su vez, involucran a 53 organismos estatales distintos. Puede darse el caso de que, a pesar de que un proyecto requiera la mitad de esos 400 permisos, algunos de ellos se deban solicitar varias veces, en distintas etapas del avance del proyecto, por lo que, en los casos más extremos, el número puede subir hasta dos mil.

El resultado es que en países con mayor grado de desarrollo y mayores estándares medioambientales, el tiempo de aprobación requerido es la mitad del chileno. En consecuencia, hay proyectos que se atrasan o, directamente, no se realizan, con el consiguiente perjuicio para la región donde se efectuarían, tanto por la contratación laboral que no ocurre, como por la generación de riqueza que se posterga o no llega.

Está claro que la regulación que da lugar a ese estado de cosas, es decir, a la acumulación de permisos recurrentes, ha sido mal concebida. No se trata de relajar los estándares que los proyectos deban cumplir -incluso estos pueden eventualmente subir-, sino que el entrabamiento burocrático no puede ser el filtro que defina los proyectos viables; ello debe ser producto de su mérito y de su cumplimiento de la normativa.

La CNP pretende extender su estudio para proponer una metodología y herramientas de análisis para las futuras regulaciones que se impongan, procurando seguir las mejores prácticas internacionales, y, además, una posterior revisión de sus conclusiones por una entidad internacional independiente. Se debe reconocer el valor de contar con una institución como esta, que diagnostique y proponga soluciones técnicas a problemas de gran impacto para el desarrollo del país.