A las puertas de que un número cercano a 340 mil jóvenes y adultos ingrese masivamente a la educación superior, mientras casi doscientos mil nuevos profesionales y técnicos egresan de ella cada año, cabe preguntarse por el estado de este sistema, de cuya organización y funcionamiento dependen las esperanzas de tantas personas y parcialmente, también, el desarrollo del país.

Mi respuesta -que a continuación fundamentaré- es esta: el estado de nuestra educación superior combina problemas y desafíos de tal magnitud que merece urgente atención.

En lo inmediato, quienes ingresen próximamente, permanecerán entre 3 y 6 o más años en instituciones cuya definición de misiones o proyectos, autonomía de gestión, procesos de admisión, parámetros de calidad y formas de financiamiento se hallan actualmente en suspenso.

Efectivamente, producto de la frustrada reforma del cuatrienio pasado, y de una ley mal diseñada, todos estos cruciales aspectos están indefinidos y necesitan aclararse prontamente. Es responsabilidad del Gobierno encabezar el proceso rectificador.

La invitación de la ministra de Educación extendida a un grupo de rectores de destacadas instituciones para ayudar a orientar dicho proceso es un gesto encomiable. Como son también las positivas declaraciones iniciales de quienes han sido convocados. Ellos tendrán la oportunidad, y la responsabilidad, de proponer las necesarias mejoras que hagan sostenible el futuro desarrollo del sistema, que al momento se encuentra seriamente entrampado.

Sobre todo, corresponderá a esta comisión asesorar al Gobierno para restituir las bases de un financiamiento estable al sistema, las cuales fueron perturbadas por una equivocada política de gratuidad y por el retraso en la aprobación de un nuevo crédito contingente al ingreso.

Asimismo, resta conocer la forma cómo el Gobierno pretende compatibilizar la consulta formal a ese grupo de rectores con la fijación de aranceles, otra atrabiliaria obligación impuesta por la ley que necesita corregirse. De hecho, mientras no se resuelva este nudo, el sistema permanecerá trabado e impedido de proyectar su propio desarrollo.

Sin embargo, los problemas inmediatos son solo un aspecto del complicado estado en que se encuentra nuestra educación superior. En efecto, al mediano y largo plazo, su situación es incierta. Si bien el dinamismo mostrado en el pasado la llevó a ostentar un conjunto de positivos indicadores, ese dinamismo ha disminuido ahora último como resultado de las erradas políticas, la inestabilidad del financiamiento y la tendencia fuertemente conservadora que impera en la mayoría de las instituciones.

Por lo pronto, hay una escasa renovación de la arquitectura de grados y títulos, los currículos, la duración de las carreras, los métodos docentes, las tecnologías de enseñanza y aprendizaje, los escasos estímulos a la función docente y de la forma de evaluar las capacidades adquiridas. Esto vale tanto para la formación fundamental (Bildung), como para el desarrollo del carácter y la ciudadanía, las competencias del siglo XXI ligadas a la empleabilidad y el contenido ético de las profesiones. Incluso, el debate público de estas materias se ha postergado por demasiado tiempo, mientras el contexto moral, técnico, regulatorio y práctico de las profesiones ha cambiado profundamente.

Enseguida, las funciones de erudición, cultivo, producción, gestión y comunicación del conocimiento han ido constriñéndose cada vez más, al punto que los ideales humboldtianos de la academia están siendo sustituidos por una visión cada vez más estrecha de la ciencia y su utilidad. Las artes, las humanidades y las ciencias humanas o sociales parecen estar fuera del radar de las autoridades. El país gasta poco y mal en ciencia y cultura. Sin embargo, la institucionalidad crece caprichosamente, sin que se incrementen la efectividad y eficiencia en este sector ni su incidencia en la integración social y el buen vivir de la nación.

Por fin, la necesidad de renovar los vínculos entre las instituciones académicas y su entorno -el territorio regional y nacional, los sectores productivos y de innovación, las empresas y el Gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil, las nuevas redes de influencia y conocimiento, el mundo juvenil y los flujos de información y sentidos, etcétera- se vuelve cada vez más imperativa, a riesgo de que las instituciones se transformen en museos de la memoria. La universidad moderna nació como una torre de marfil, fiel a las tradiciones monásticas de silencio y libertad interior. Ahora, sin embargo, están forzadas a convertirse en lugares de encuentro de múltiples comunidades, sedes de una inteligencia colectiva ampliamente distribuida, conciencia crítica de las corrientes de la época, plataformas de múltiples y diversas conexiones. La academia entendida por tanto como una encrucijada de saberes y prácticas creativas de sentido.

En breve, como no había ocurrido antes, nuestra educación superior debe atender en lo inmediato a problemas que conllevan grandes riesgos y, a mediano plazo, a los cambios de las condiciones en que ella se desenvuelve. Estos últimos, a su vez, no se reducen a aspectos técnico-económicos de la revolución industrial en curso exclusivamente, sino que comprenden, además, dimensiones vitales de identidad de las personas, integración de las sociedades, trasmutación de los valores, subsistencia del medio ambiente y la emergencia de un frágil orden global.

Este es el momento, pues, en que las partes interesadas -autoridades públicas e institucionales, directivos de las organizaciones, profesión académica, movimientos estudiantiles, estudiosos del campo de la educación superior- debemos mostrar si estamos a la altura de los problemas que debemos resolver y de los desafíos que tenemos por delante.