La comisión de Derechos Humanos de la Cámara ha aprobado un proyecto que sanciona con pena de presidio y multa al que "justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos" consignadas en el Informe Rettig y en otros textos posteriores.

Tuve el privilegio de trabajar en dicho informe. Lo hice en una época en la que la negación, la abierta aprobación o la justificación de esas violaciones eran dominantes en el debate público. La burla había sido una de sus formas recientes: nosotros respetamos los derechos humanos, pero los humanoides no tienen derechos, sostenía un miembro de la Junta. Pinochet las justificaba como parte de una guerra.

Tiempo antes, el representante de Chile ante Naciones Unidas negaba que los detenidos desaparecidos hubieran tenido existencia. Antes, el presidente de la Corte Suprema, en solemne discurso, atribuía las versiones a "malos chilenos", afirmando que "en cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro, y cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria."

En la Comisión Rettig conocimos el dolor provocado por el negacionismo. Estos son algunos de los testimonios consignados en su informe: "Me dijo que le trajera almuerzo a mi marido. Me fui, le preparé arroz con huevo frito. Cuando llegué de vuelta a la comisaría, riéndose me dijo: señora usted está loca, aquí no hay detenidos". "A mi madre, cuando se casó de nuevo, la molestaron diciéndole que cómo había hecho eso si su marido estaba vivo". "Recibí esta carta, que le traigo, del comandante del regimiento; en ella me dice que si mi marido no vuelve a pesar de haber sido puesto en libertad, yo debo revisar en conciencia si seríamos una buena pareja y si no se habrá ido con otra. Ahora apareció su cuerpo en la fosa."

El negacionismo de entonces, un componente esencial de la política represiva, causó mucho dolor. El de hoy cae como limón sobre esa herida.

Con los años, me parece que la principal tarea de aquella comisión fue la de hacer frente al negacionismo. Aylwin sabía que sin verdad, sin repudio social, la democracia que nacía sería feble y los derechos humanos no serían valorados. No había posibilidad entonces de justicia, ni la habría habido mientras buena parte del país, por estrategia, por ignorancia, por comodidad o por dolor de mirarse en ese feo espejo se hubiera mantenido en el negacionismo.

El lenguaje cambió: las burlas ya no existen. Nadie se anima a negar los específicos hechos que primero la Vicaría, luego las comisiones y, finalmente, los jueces han relatado. La relativización es más bien escasa, privada y genérica. El repudio al negacionismo es alto, como experimentó el exministro Rojas. El avance se ha erigido sobre la rigurosidad de aquellos relatos. La valorización de políticas económicas o sociales del régimen militar no es negacionismo.

¿Debe ahora reforzarse esa lucha con sanciones penales?

Si así ocurriera, como lo propone ese proyecto, lo que ha sido una victoria cultural limpia, correría el riesgo de quedar empañada al verse acompañada de la amenaza penal para quienes la rebatieran. Los negacionistas podrán mañana decir que así, con cárcel para los desafiantes, cualquiera gana los debates públicos; que los documentados relatos eran tan febles que necesitaron de la amenaza de la fuerza para seguir sosteniéndose. No. El trabajo investigativo que ha logrado documentar las violaciones ha logrado sus triunfos merced al rigor y sin esas muletas.

Tampoco quisiera ver a ningún negacionista señalando ser un preso de conciencia. Victimizar a quienes adoptan un discurso que, en lo básico, ya ha sido derrotado, puede ser una pésima estrategia.

No sé si, en épocas de noticias falsas, la verdad tiene su hora; pero sí sé que la libertad de expresión ha mostrado suficientes virtudes como para poder seguir confiando en ella.