Señor Director:

Con mucha desazón experimentamos las consecuencias de las leyes y de las discusiones en el Estado. Me refiero no solo al contexto de violencia o desconfianza que vivimos como país, sino que también al que se genera de los lineamientos que se leen de las políticas y leyes que son sancionadas por quienes se deben al país, a su desarrollo y al bienestar de la población. Muchos son los discursos, muchas las promesas, muchas las bases éticas en la configuración de las decisiones, y que, sin embargo, tienen escasa implicancia concreta en la vida del día a día; de hecho, producen más desconcierto y contradicción.

Entre las grandes contradicciones, muchos parlamentarios acusan al Ejecutivo de casos como la Universidad del Mar, Arcis, Iberoamericana -hoy también la del Pacífico-, preguntándose cómo no se dieron cuenta o no proyectaron esto, y a su vez aprueban una ley de educación superior que afectará significativamente las finanzas de las instituciones que están en gratuidad, que para 2019 significa una pérdida de $26 mil millones. Más aún, en la ley de presupuesto que se ha acordado, se genera una alternativa para abordar esa pérdida usando los excedentes del fondo solidario de las instituciones, pero que desconoce la realidad concreta de las universidades, lo que da cuenta una vez más de la gran distancia que existe entre los parlamentarios y las realidades regionales.

Por otro lado, entre los acuerdos en el presupuesto y en relación con la aplicación del artículo 304, inciso tres, se pone en duda el concepto de la gratuidad, proponiendo una nueva conceptualización que tendrá un efecto perverso en las finanzas de las instituciones. En otras palabras, desde el Parlamento y el Ejecutivo el camino se vuelve lleno de contradicciones no solo en temas financieros, sino en el impacto que esto tendrá en la calidad de las instituciones.

Diego Durán
Rector de la UC del Maule