Señor Director:

Confieso admirar, casi siempre, aunque no necesariamente compartir, las columnas del rector Carlos Peña, y ser un interesado lector de sus libros publicados durante los últimos años.

Sin embargo, esta suerte de "incontinencia epistolar" le está haciendo, a menudo, referirse a temas que no domina, aunque siempre desde una suerte de podio doctoral, con abundantes citas y referencias a los más variados pensadores. Lamentablemente su frecuencia está a punto de transformarlo en un opinólogo más, sacrificando así su calidad académica.

El pasado domingo, al referirse a la seguidilla de escándalos que penosamente afectan al Ejército y a Carabineros, alude a los exministros de Defensa, cuya principal tarea frente a las FF.AA., según él, debiera ser "controlar lo que hacían y subordinarlos con claridad al poder civil".

Tal vez, debería saber que el rol de los ministros de Estado es diseñar y ejecutar políticas públicas debidamente sancionadas por el Presidente de la República, y que las tareas de control de los organismos bajo su dependencia están expresamente encargadas a unidades de control interno y en especial a la Contraloría General de la República (CGR). No ha sido nunca su rol el dedicarse a inspeccionar las cuentas y procedimientos administrativos de sus dependencias, como tampoco el rol del rector universitario sea el de revisar las cuentas de sus facultades y departamentos.

Para su mayor conocimiento, el Ministerio de Defensa hasta 2010 careció de una ley orgánica moderna que le permitiera tener una estructura propia, con profesionales de carrera y una división de Contraloría Interna, proyecto cuya elaboración tardó muchos años y que fuera enviado por el Presidente Lagos, en 2005, al Parlamento.

No obstante su precaria institucionalidad, el rol de los ministros de Defensa desde la recuperación de la democracia ha sido liderar las políticas de Defensa, sancionar sus estrategias, apoyar la modernización y reorganización de las tres instituciones, propender hacia las acciones y diseños del conjunto y supervisar las compras y operatividad de su plataforma, equipos y personal.

Desproporcionada es su caricatura sobre los "juegos de guerra" o más propiamente los ejercicios militares, en que critica a los ministros por vestir sus uniformes de campaña o subirse a sus equipos, lo que sería una suerte de "adormecimiento" de sus capacidades políticas y que sin nombrarlos, también, debería afectar a los parlamentarios de las Comisiones de Defensa que usan esas mismas vestimentas cuando asisten a dichos ejercicios. Siguiendo su ejemplo, cuando vemos a los ministros de Obras Públicas, Vivienda o Economía usar cascos, bototos, lentes y chalecos de seguridad al inaugurar o visitar obras o industrias, ¿sería una suerte de asimilación a los empresarios y trabajadores de la construcción o de las industrias que adormecería sus capacidades políticas?

En lo más sustancial de su columna, da cuenta de realidades que deben ser corregidas, pero sin ridiculizar y menospreciar a nuestras instituciones de la Defensa y de Orden, para no repetir el drama que significó a partir de la caída del general Ibáñez, a principios de los años 30, aislar a nuestras FF.AA. de la vida nacional hasta su irrupción en el año 1973.

Es preciso corregir las faltas de control, malas prácticas y sancionar los delitos que algunos de sus integrantes hayan cometido, pero ello no puede afectar a su moral y sus responsabilidades institucionales, tan necesarias para el país y sobre todo para no caer nuevamente en el aislamiento y menoscabo de las relaciones cívico-militares, que tanto daño causó en el siglo XX.

Ello pasa por fortalecer los controles y, en especial, el rol de la Contraloría General de la República, que ha sido la gran ausente de este debate, no obstante sus facultades legales.

En síntesis, esta discusión debería darse en términos positivos, con las necesarias acciones correctivas, pero sin enlodar innecesariamente a tan importantes instituciones.

Jaime Ravinet