Chile siempre ha presumido -y parece tener razones para ello- de ser uno de los países con mayores grados de probidad pública, una de esas rarezas latinoamericanas para cuya contabilidad sobran los dedos de una mano.

Pero la excepción comienza a tambalear.

Y lo hace por el lado menos pensado: el Ejército y Carabineros.

La corrupción no estaba del lado de los políticos.

Es verdad que la clase política se ha saltado, con agilidad olímpica, las reglas de financiamiento de la política, y también es cierto que poseía, y posee, lazos promiscuos con la empresa, pero saltarse las reglas, tener un comportamiento anómico, no equivale exactamente a corrupción. Esta última requiere que las personas eludan los deberes que pesan sobre ellas o las reglas que las imperan, a fin de obtener un beneficio pecuniario propio o de un tercero.

¿Ocurrió eso con lo que suele llamarse la clase política en Chile?

En términos generales, no.

En cambio, parece estar ocurriendo -desde hace mucho tiempo- en Carabineros y el Ejército.

Lo alarmante es que en ninguno de esos dos casos se trata de conductas aisladas, latrocinios o simples picardías que se hayan descubierto en este o en aquel integrante de esos cuerpos: se trata, cosa distinta, de formas pautadas, casi rutinarias y burocráticamente administradas de burlar la ley para apropiarse, en interés propio, beneficios pecuniarios casi incorporados a la renta de algunos de sus miembros. En la nariz de la Contraloría y al interior de cada una de esas corporaciones, el Ejército y Carabineros, se ejecutaban con regularidad burocrática y sin perder el ritmo, como quien ensaya una parada, una serie de acciones que tenían por objeto obtener beneficios pecuniarios para sus miembros, más allá de aquellos que la ley establece.

¿Cómo pudo ocurrir que se llegara a este punto sin que nadie lo advirtiera?

El problema es el corporativismo.

Lo que ocurre es que los militares -y los carabineros- han llegado a concebirse a sí mismos como una especie de comunidad con un fuerte sentido de pertenencia, con relaciones endogámicas y vínculos casi religiosos de lealtad entre sus miembros, corporaciones con intereses y puntos de vista distintos a los del resto de la sociedad. Tanto en el Ejército como en Carabineros, se observa una ideología de servicio a la patria, que coexiste con un ethos corporativo, una forma de ser colectiva y culturalmente cerrada, autorreferida, que los aparta de la sociedad, por llamarla así, civil. Esa cultura corporativa -que se gestó durante décadas de aislamiento y se acentuó en la dictadura- favorece la aparición de pautas de conducta que al interior de cada una de esas corporaciones aparecen como legítimas, pero que vistas desde la sociedad son simplemente ilegales.

En una palabra, esas corporaciones -hasta ahora, hay que cruzar los dedos, son solo Carabineros y el Ejército- han ido generando sus propias normas, sus propios códigos, su propia idea de lo correcto, anidando conductas que en su interior aparecen como normales y adecuadas; pero que desde el punto de vista de la ley son una forma de corrupción que debe ser corregida.

Esa cultura corporativa -una cultura cerrada sobre sí misma, ensimismada, con intereses distintos al resto de la sociedad- suele ser, además, muy ágil para cooptar a quienes, desde el poder civil, se relacionan con ellas. Son frecuentes los ministros de Defensa que, a poco andar, comienzan a hablar como militares, a participar de juegos de guerra y por esa vía, a adormecer su espíritu crítico, a anestesiar, sin darse cuenta, sus deberes. Porque todo lo que se está descubriendo ahora -desde el fraude en Carabineros a los viajes del Ejército, por nombrar dos casos notorios- viene ocurriendo hace lustros, es el fruto de años y años de descuido y de ministros y ministras de Defensa que creían que su principal tarea era ganarse la confianza de los militares y carabineros, cuando se trataba de lo opuesto: de controlar lo que hacían y subordinarlos con claridad al poder civil.

Tal vez el principal quehacer del actual ministro de Defensa -cuya espalda y cuyos hombros parecen graficar físicamente el peso de la tarea- consista en romper ese corporativismo: la idea de que el Ejército y Carabineros son cuerpos con cultura e intereses propios, colectivos incomprendidos y sacrificados a los que hay que halagar permanentemente, como si no hacerlo fuera desconocer la importante función que cumplen.

Pero en vez del halago y en lugar de tolerar la cooptación -que se logra a veces por medios tan infantiles como vestir a alguien con traje camuflado o sacarlo a pasear en tanque-, el poder civil debe evitar que la corporación militar y carabineros crean, siquiera por un momento, que sus intereses están por sobre los de la ley o se sientan autorizados a generar, a vista y paciencia hasta del contralor, sus propias reglas de conducta.

Las ironías de la historia y de la política: que sea la derecha, y no la izquierda, la que tenga la oportunidad histórica de enfrentar ese corporativismo y rechazar esa cooptación.