La próxima semana el Gobierno ingresará al Congreso un proyecto de ley que busca reformular el actual registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, conocido hasta estos días como registro de pedófilos.

La modificación se llevó a cabo luego que en junio de 2017 "El Mercurio" destapara graves anomalías en el informe, al analizar una muestra de 100 casos, de alta connotación pública en la que se detectó que 12 nombres no figuran en el registro. Incluso se comprobó que algunos de los condenados que en ese momento no estaban en el sistema fueron detenidos nuevamente por abusos sexuales en contra de niñas.

La investigación arrojó que en siete de los casos en los que el autor del delito no aparecía en el registro se descubrió que en su sentencia el juez no explicitó que debía ser ingresado a la nómina de inhabilidades. En los otros cinco, la indicación sí aparecía en la sentencia, pero igualmente los condenados no fueron inscritos en la lista que mantiene y actualiza el Registro Civil.

Inhabilidad perpetua

Este diario accedió al borrador del proyecto de ley con el que el Ministerio de Justicia busca subsanar las falencias de la nómina creada en 2012.

Una de las mayores innovaciones de la iniciativa es extender la inhabilidad de todos los condenados por abusos a menores de edad. Hoy el registro de pedófilos contiene nombres de condenados por penas que pueden ser temporales o perpetuas, según si la víctima es menor o mayor de 14 años.

El titular de Justicia, Hernán Larraín, explica que "hoy día solo los condenados por abusos a menores de 14 años tienen la inhabilidad perpetua, entre 14 y 18 es temporal. Pero queremos que la inhabilidad sea absoluta para todo condenado por abuso sexual. Con eso evitamos cualquier filtración y estamos seguros de que con ese mecanismo no habrá más pedófilos que estén cerca de menores".

Modificaciones

Otras directrices relevantes -que pretenden subsanar los problemas detectados- del proyecto apuntan a reforzar el deber de fiscales y jueces de establecer de forma permanente la inhabilidad del condenado para desenvolverse en áreas de trabajo que involucren a menores de edad. "Se apuntala el deber de los fiscales del Ministerio Público de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad que allí se dispone, cuando formSularen acusación por estos delitos", señala el texto.

Respecto de los jueces, la propuesta de Justicia plantea modificar el artículo 348 del Código Penal, en el cual se establece que en la condena el juez deba fijar "los delitos establecidos en su decisión de condena, precisando en el texto legal que esta obligación se cumple imponiendo "todas" las penas "principales y accesorias que correspondan, con indicación específica de cada una de ellas".

Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ambas medidas de carácter administrativo solucionarán el problema que hoy aqueja a las comunidades escolares. En esa línea, el secretario de Estado reconoce que hoy por hoy pueden haber condenados por abusos sexuales que están trabajando con niños, "y eso es impresentable".

Para darles seguimiento a las condenas que emitan los jueces, el Gobierno pide que el fiscal nacional deba realizar un informe anual a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en el que se detallen todas las solicitudes de pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad, que en dichas causas hubieren solicitado los fiscales del Ministerio Público.

En el proyecto de ley también se contempla que, al momento de una inspección a vehículos del transporte escolar, los fiscalizadores del Ministerio de Transportes deben "comprobar especialmente que las identidades del conductor y de los adultos acompañantes correspondan con las identidades que constan en el Certificado de Inscripción en el Registro".