Una de las ventajas de la creación de un ministerio para la cultura es la capacidad que se gana de obtener una mirada del conjunto de la institucionalidad y, de ese modo, ponderar las necesidades relativas, las fortalezas y principales debilidades del aparato estatal. Hasta el año 2017 eso era imposible, porque organismos principales para la gestión de la cultura tenían dependencias administrativas dispersas con escasa o nula coordinación.

Las actuales autoridades, por la forma en que se propuso la distribución de los recursos en el proyecto de presupuesto 2019, a la luz de esa mirada, creyeron indispensable, en primer lugar, darles continuidad al sistema de fondos concursables que dependían del antiguo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a la organización y programas que venían realizándose por la antigua Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. También debieron considerar, en segundo lugar, recursos adicionales para poner en marcha los nuevos organismos que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio contempla, y que deben ser implementados por mandato legal. En fin, en tercer lugar, identificaron correctamente ciertas falencias graves y urgentes que se deben resolver, como es la miseria económica del Consejo de Monumentos Nacionales y el estado de casi abandono en que se hallan algunos museos de la red de museos estatales, poniendo en peligro la seguridad e integridad de sus colecciones.

La consecución simultánea de esos tres objetivos hubiese implicado un aumento del presupuesto destinado a la cultura considerablemente superior al incremento del 4% que se propone. Las razones que llevaron al gobierno central a no realizar un esfuerzo mayor en esta área se relacionan con la política de austeridad fiscal en que está empeñado, una pieza fundamental de su gestión que afecta por igual a todas las áreas del Ejecutivo. Por desgracia, en ese contexto restrictivo y de escasez histórica de recursos destinados a la cultura que se arrastra por décadas pese a la retórica oficial, se propusieron recortes substantivos en los aportes que el Estado viene haciendo a algunas instituciones privadas que realizan una función pública cultural destacada, tales como el Museo de Arte de Precolombino o Santiago a Mil.

El debate público, a pesar de que estos recortes representan un porcentaje muy menor dentro del presupuesto, se ha concentrado en este punto, dejando de lado los restantes aspectos valiosos de la propuesta.

Me parece que el gobierno central -porque de él depende-, concretamente el ministro de Hacienda y el Presidente de la República, debería aumentar los recursos generales destinados a la cultura, de manera de reponer estas mermas que no se condicen con la gratitud que el Estado debe a esas instituciones por su aporte histórico a la cultura chilena. Una cosa es la austeridad y responsabilidad fiscal, y otra la falta de liberalidad e ingratitud.